Derecho a la reinserción social: Proyecto de la ministra Loretta Ortiz
La Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, declaró que el derecho a la reinserción social no debe usarse como pretexto para reducir la condena de quien cometió un delito grave, y en La Chispa te contamos todo al respecto.
La justicia penal debe garantizar que los delitos no queden impunes y que las víctimas y sus familias reciban una respuesta efectiva, proporcional y congruente.

Derecho a la reinserción social y la proporcionalidad de las penas
Una persona fue sentenciada por el delito de feminicidio. Presentó un recurso de apelación y un tribunal redujo su sentencia de 50 a 42.5 años de prisión. Los familiares de la víctima presentaron un amparo en contra de esa decisión y un tribunal colegiado se los negó.
El tribunal argumentó que la pena debía considerar el derecho del sentenciado a la reinserción social. Los familiares consideraron que esta decisión era injusta porque:
-
El derecho a la reinserción no es absoluto.
-
Una pena debe ser proporcional al delito.
-
Aceptar esa interpretación implicaría que nunca podría aplicarse una pena máxima, incluso en los casos más graves.
Fundamentación del proyecto
1️. El derecho a la reinserción social busca que la persona sentenciada tenga herramientas para su desarrollo dentro de prisión, no es para reducir su sentencia.
2️. Al individualizar una pena, la persona juzgadora debe valorar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad, no las cualidades personales ni un supuesto potencial de cambio.
3️. Los derechos de las víctimas a la verdad exigen que las sentencias sean congruentes y proporcionales con la gravedad del hecho.
En un delito de feminicidio, el análisis debe considerar el contexto de violencia y discriminación estructural contra las mujeres. El tribunal colegiado actuó incorrectamente al usar la reinserción social como argumento para disminuir la pena.
Resolución del Pleno
El Pleno coincidió con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz. Se decidió revocar la sentencia del tribunal colegiado y conceder el amparo a los familiares de la víctima, ordenando dictar una nueva resolución conforme a los lineamientos establecidos.
Importancia de la decisión
Esta decisión fortalece el entendimiento del derecho a la reinserción social, precisando cuándo y cómo debe garantizarse.
Reafirma que este derecho no puede usarse para reducir la responsabilidad penal de quienes cometen delitos graves, especialmente feminicidios, que reflejan la violencia y desigualdad estructural que enfrentan las mujeres.
La justicia penal debe garantizar que los delitos no queden impunes y que las víctimas y sus familias reciban una respuesta efectiva, proporcional y congruente.
