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Reformas a la Ley Electoral para la elección de jueces: controversia y debate en el Senado

Reformas a la Ley Electoral para la elección de jueces: controversia y debate en el Senado

Reformas a la Ley Electoral para la elección de jueces: controversia y debate en el Senado

Durante una jornada intensa de discusión legislativa, la mayoría de Morena en el Senado aprobó reformas clave a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación, con el objetivo de establecer las bases para la histórica elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular el 1° de junio de 2025. Sin embargo, estas reformas no estuvieron exentas de polémica y oposición.

A última hora, Morena decidió retirar una reserva que otorgaba a los poderes de la Unión el derecho de veto sobre las listas de aspirantes a estos cargos judiciales, una medida que había generado críticas dentro y fuera del Senado. Pese a este ajuste, la oposición no tardó en expresar su rechazo a las reformas, calificando el proceso como apresurado y poco transparente.

Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN, criticó el procedimiento legislativo al señalar que “no podemos ir a un proceso electoral sin reglas previas, sin una legislación que otorgue certeza a quienes van a participar. Estamos haciéndola sobre las rodillas”. Estas palabras reflejan el sentir de gran parte de la oposición, que considera que las reformas no fueron debidamente consultadas ni discutidas.

Desde el mismo PAN, Ricardo Anaya fue más allá y acusó a Morena de intentar controlar el Poder Judicial. “Claro que el pueblo sale a votar, pero ¿de qué sirve que salga el pueblo a votar en junio de 2025, si ustedes ya decidieron por el pueblo quién va a aparecer en las boletas?”, expresó el excandidato presidencial, cuestionando la independencia del proceso.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del PRI, fue contundente al señalar que las reformas son un “cochinero”, al advertir que la politización de la justicia puede traer graves consecuencias. “Aventar a los jueces a que caigan en gracia de una ciudadanía, es aventarlos a un populismo judicial”, afirmó.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, se unió a las críticas acusando que la reforma busca politizar el Poder Judicial, argumentando que “no estamos actuando con responsabilidad”. Con un tono irónico, Barrales señaló que el proceso se estaba llevando a cabo con “maromas que yo ya calificaría como de doble mortal, doble mortal hacia atrás”.

Reformas a la Ley Electoral para la elección de jueces: controversia y debate en el Senado

A pesar de la oposición, Morena defendió su postura. Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, argumentó que las reformas son un paso hacia la democratización del Poder Judicial. “Democratizar la elección de quienes imparten justicia es construir un piso mínimo para que la justicia sea realmente asequible para las mayorías”, afirmó.

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El nuevo modelo de justicia aprobado por Morena establece que, por primera vez en la historia, la ciudadanía tendrá la posibilidad de elegir, mediante voto libre, directo y secreto, a jueces, magistrados y ministros de los tribunales federales. Las reformas incluyen reglas detalladas sobre la convocatoria, selección y fiscalización de las candidaturas, así como la organización de las elecciones por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque el decreto ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación final, el debate sobre estas reformas ha dejado claro que el camino hacia la elección de jueces por voto popular estará marcado por la controversia y el enfrentamiento entre las distintas fuerzas políticas. Mientras Morena apuesta por la democratización del Poder Judicial, la oposición advierte sobre los riesgos de politizar la justicia y erosionar su independencia.

Las fechas clave para este proceso ya están marcadas, con la convocatoria general para integrar las listas de candidaturas a ser emitida por el Senado antes del 16 de octubre de 2024, y el plazo para la inscripción de aspirantes finalizando el 24 de noviembre del mismo año. Con el proceso en marcha, el país se dirige hacia una redefinición de su sistema judicial que, de acuerdo a sus críticos, podría transformar profundamente la relación entre la justicia y la política.


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