Los candidatos políticos y del crimen organizado
Los candidatos son de los partidos, pero también del crimen organizado. Quieren situar en el ámbito local a gente de su confianza. Que le faciliten no solo el mando y el acceso al presupuesto público, sino a la delincuencia organizada seguir operando en esas zonas.
La Unión Interamericana de Organismos Electorales ha expresado su inquietud ante la violencia político-electoral en México que revela que al menos 11 candidatos han sido asesinados del 1 de enero al 3 de marzo de 2024.
De estos, se tiene que tres ocurrieron en Michoacán, y uno en Morelos, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Jalisco, respectivamente.
El asunto llegó del exterior. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que ha entrado México, sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y funcionarios.
“Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia”, declaró Türk en el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra.
Y es que en junio se celebrarán comicios de más de 20 mil funcionarios públicos.
Mediante el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta este martes 5 de marzo se han recibido 23 solicitudes de protección para candidatos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que el Gobierno de México tiene el compromiso de que el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica.
Del total de 23 solicitudes, en 16 casos ya cuentan con protección y el resto está en proceso de análisis de riesgo.
Tres de las peticiones son de quienes buscan la Presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum; Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez; y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
El trascendido es que ya cuentan con la debida protección.
Otras tres solicitudes corresponden a candidatos a gobiernos de los estados, siete son de aspirantes al Senado y diez de quienes buscan una diputación federal.
De esta manera, el Gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos a la Presidencia de la República, a las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión.
“En tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local”, resaltó.
En la Secretaría a su cargo hay una mesa permanente, que opera 24/7 con el propósito vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta con el INE.
Asimismo, mediante las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en los estados, y a través de las 266 regiones del país, se da seguimiento y atención.
El Gabinete acordó con el INE, y en apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), un protocolo en materia de seguridad.
En éste se señala que el INE, como autoridad electoral, recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de los y las candidatas que requieran protección.
El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a fin de establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional (GN).
La SSPC informará al INE la disposición del servicio, para que el Instituto de aviso a los partidos políticos y candidatos.
Por el momento, la Sedena, la GN, la SSPC o la Secretaría de Gobernación brindarán y supervisarán el servicio, de acuerdo con el nivel de riesgo que se identifique: alto, medio o bajo.
Así, la violencia comienza a apoderarse del proceso electoral que tendrá su fase culminatoria el 2 de junio, de tal suerte que las amenazas contra aspirantes a cargos de elección popular no se han hecho esperar tras recibir amenazas veladas. Total, como en todo, los candidatos son remplazables.
