Sin desaparecidos: FGR, Segob, Sedena y Poder Judicial…riñen.
El caso Ayotzinapa es un lodazal legal mientras ni rastro de los 43 jóvenes desaparecido.
El operativo con el que los autores materiales actuaron fue un acto planificado para su ejecución. Se pidió investigar la complicidad tanto de las fuerzas policiacas estatales, federales y de las fuerzas armadas al cargo de la zona, quienes quedaron pasivas dejando en la indefensión a las personas y cuyo desenlace ha sido tan grave que a más de nueve años sigue en la impunidad.
De la misma manera, los órganos de inteligencia que dicen velar por la seguridad nacional quedaron pasivos ante los hechos. ¿Nadie se enteró?
Ellos sabían perfectamente de la movilización de los jóvenes estudiantes, a quienes los seguían y vigilaban constantemente, y en esa ocasión, extrañamente les dejaron solos y a merced de los agresores.
Nunca existió la alta responsabilidad por negligencia criminal al presidente de la república Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el asunto se quedó con la detención del presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez.
Hoy los demonios legales se han soltado. Una jueza de distrito del Estado de México ordenó la liberación de ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa. Los soldados fueron apresados en junio de 2023, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) los relacionara con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014.
Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz enfrentarán, ahora, el proceso judicial en libertad condicional.
Que sabrá el ex subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, cuando publicó en su cuenta de X: “Es más lamentable aún que abogados de la @SEDENA litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”.
Inmediatamente la Segob, también se lanzó contra el Poder Judicial al establecer que el Gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la FGR respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa”, dijo la Segob.
Denunció que este poder de la Unión, dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel. También intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México. Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas. El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.
Se nota de inmediato que, en el área jurídica de la titular de Segob, Luisa María Alcalde, estaban más que molestos. Si de por sí el caso era un verdadero cochinero, ahora ya subió de tono.
Las defensas legales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la FGR, y de por medio el Poder Judicial, se encontrarán en tribunales por el este caso. Ya no sabemos que esperar en este país cuando todo, absolutamente todo, se politiza.
Todos están viviendo (económica y políticamente) del caso Ayotzinapa, que más le puedo decir amigo lector: hasta la impunidad en este país se vuelve negocio financiero y electorero. Y créame, de los 43 desparecidos, no se sabrá absolutamente nada.
