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Venezuela aprueba ley de amnistía y abre paso a liberación de detenidos

Venezuela aprueba ley de amnistía y abre paso a liberación de detenidos

Venezuela aprueba ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por decisión unánime, una nueva ley de amnistía tras dos semanas de consultas con actores políticos y representantes de la sociedad civil. La normativa abre la puerta a la liberación de cientos de personas privadas de libertad en el país.

Firma presidencial y mensaje de reconciliación

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rubricó el texto en un acto oficial celebrado en la sede del Ejecutivo. Durante la ceremonia, sostuvo que la iniciativa marca el inicio de una etapa de reconciliación nacional.

“Hay que saber pedir perdón y también saber recibirlo”, expresó la mandataria, al destacar que la amnistía busca fomentar la unión y la paz en la República.

La aprobación parlamentaria se produjo luego del segundo debate requerido por la legislación venezolana. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lamentó que hayan sido necesarios “hechos lamentables y catastróficos” para impulsar un proceso de acercamiento entre los distintos sectores del país.

Firma presidencial y mensaje de reconciliación

Contexto político y relación con Estados Unidos

Rodríguez asumió la jefatura del Estado en enero, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses, que lo trasladaron a ese país para enfrentar cargos judiciales. Desde entonces, su administración ha accedido a algunas demandas planteadas por el gobierno de Donald Trump, entre ellas reformas legales y ajustes en materia petrolera.

En paralelo, durante las últimas semanas se han producido excarcelaciones de personas consideradas por organizaciones civiles como presos políticos, una calificación que el gobierno rechaza. Las autoridades sostienen que los detenidos enfrentan procesos por delitos comunes y no por razones políticas.

Alcances y exclusiones de la ley de amnistía

El texto aprobado consta de 16 artículos y contempla la amnistía para hechos vinculados con protestas políticas y “acciones violentas” relacionadas con el fallido golpe de Estado de 2002, así como con manifestaciones y procesos electorales ocurridos en distintos años entre 2004 y 2025.

No obstante, excluye a quienes hayan sido condenados por “rebelión militar” en los sucesos de 2019, así como a responsables de delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico o corrupción. Tampoco se beneficiarán quienes promuevan o participen en acciones armadas contra el país con apoyo extranjero.

La norma no especifica de forma detallada los delitos cubiertos, aunque versiones preliminares incluían figuras como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión y traición. Además, no contempla la restitución de bienes confiscados, la revocatoria de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones contra medios de comunicación.

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Para los venezolanos en el exterior, la ley permite iniciar el trámite mediante un abogado, pero exige la comparecencia personal en el país para concretar el beneficio. También establece que solo podrán acogerse quienes hayan cesado en la conducta considerada delictiva. Los tribunales dispondrán de 15 días para decidir sobre cada solicitud y se levantarán las órdenes de captura internacionales en los casos aprobados.

Críticas a la ley de amnistía

El fiscal general, Tarek William Saab, manifestó que espera que la aplicación de la ley conduzca a “un país 100% pacificado” y reiteró que en Venezuela no existen presos políticos.

Aunque el oficialismo cuenta con mayoría en el Parlamento, la iniciativa también recibió respaldo de legisladores opositores, quienes señalaron que lograron introducir modificaciones durante la discusión en comisión. La diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, reconoció que el texto “no es perfecto”, pero lo consideró un paso hacia la reconciliación.

En contraste, organizaciones como Foro Penal cuestionaron las limitaciones del instrumento legal. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, afirmó que una amnistía efectiva debería suprimir totalmente cargos, condenas y restricciones judiciales. Aunque admitió que el alcance es menor al esperado, subrayó que los esfuerzos por la libertad de los detenidos continuarán.


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