Tensión institucional y cuestionamientos legales tras traslado de jóvenes detenidos en la marcha del 15 N
A tres días de la marcha convocada por grupos que se identifican como parte de la llamada Generación Z, el gobierno federal enfrenta creciente presión pública y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la legalidad en la detención de al menos una decena de jóvenes que ya fueron trasladados a los reclusorios Norte y Sur de la Ciudad de México.
Los movimientos se ejecutaron pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había desestimado la protesta del 15 de noviembre como una manifestación “sin jóvenes”, una “realidad virtual” amplificada por actores opositores. Sin embargo, los perfiles de los detenidos contradicen ese señalamiento: ninguno supera los 30 años.
Traslados silenciosos, tensión creciente
Entre los primeros ingresados al sistema penitenciario se encuentran Daniela Toussaint Camberos, Jorge Félix, Guillermo Fabela, Fernando Caballero, Alberto González, Fernando Escobar, Federico Orozco y Perla Galván. También fue llevado al Reclusorio Norte Sergio David Velasco, un misionero cristiano detenido junto con otros jóvenes mientras protestaban con consignas contra lo que denominaron “narcogobierno”.
Aunque el gobierno capitalino no ha precisado el número total de detenidos, versiones de abogados y familiares indican que al menos otros 10 jóvenes habrían sido enviados al Reclusorio Sur, lo que incrementa el hermetismo alrededor del operativo.
El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo policial. Videos y testimonios muestran a los manifestantes subidos a una camioneta Van negra proveniente de la Coordinación Territorial 1, algunos con visibles signos de angustia, mientras familiares exigían su liberación al grito de: “¡Son estudiantes, no criminales!”.
Asistencia jurídica y denuncias por represión
El bufete jurídico del Colegio de Abogados abrió una línea de atención para documentar posibles abusos de autoridad, lesiones y detenciones arbitrarias. A través del correo incam.atención1511@gmail.com han solicitado a familiares y testigos enviar casos y evidencias para coordinar defensas y quejas legales.
En un pronunciamiento público, el colegio condenó la actuación policial del 15 de noviembre y advirtió que “toda forma de represión contra jóvenes que ejercen su derecho a manifestarse debe ser investigada. La ley debe proteger, no intimidar”.
Silencio de la CNDH y vacío de información oficial
Uno de los ángulos que ha generado mayor preocupación es la falta de posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada aún por Rosario Piedra. Hasta ahora no ha emitido comunicado, iniciado carpeta de oficio ni anunciado presencia de visitadores en los reclusorios, pese a tratarse de detenciones masivas en contexto de protesta social.
Organizaciones civiles señalaron que la ausencia de la CNDH deja sin supervisión institucional un caso que involucra a jóvenes, fuerza pública, presuntas agresiones y privación de la libertad.
Hacia nuevas protestas: ahora por los detenidos
Tras los hechos del 15 de noviembre, diversos colectivos y familiares de los detenidos han anunciado nuevas movilizaciones. La siguiente será el 20 de noviembre, con el objetivo de exigir la liberación de lo que ya denominan “los primeros presos políticos del sexenio de Claudia Sheinbaum”.
A diferencia de la marcha anterior, esta convocatoria está encabezada por los propios familiares y organizaciones de apoyo legal, quienes recalcan que ellos no forman parte de la llamada Generación Z, sino que buscan garantizar el debido proceso y denunciar lo que consideran un intento de criminalizar la protesta juvenil.
Mientras tanto, el gobierno federal mantiene silencio sobre el estado jurídico de los detenidos, la lista oficial de nombres y los motivos precisos de su traslado inmediato a reclusorios, lo que mantiene abierta la tensión política en un momento en que la administración apenas inicia su segundo mes de funcionamiento.
