Slim reabre el debate pensionario: productividad, envejecimiento y desigualdad en el centro de la discusión
Carlos Slim Helú, fundador de Grupo Carso y uno de los empresarios más influyentes del país, volvió a colocar en la agenda pública un tema que genera tensiones sociales y políticas: el futuro del sistema de pensiones en México. Su planteamiento, reiterado en distintos foros, apunta a una transformación profunda del modelo actual, al que considera financieramente inviable frente al envejecimiento acelerado de la población.
Durante su participación en el evento México Siglo XXI, organizado por la Fundación Telmex-Telcel, Slim sostuvo que el esquema de retiro vigente ya no responde a la realidad demográfica del país. En su diagnóstico, el aumento sostenido de la esperanza de vida obliga a repensar tanto la edad de jubilación como la forma en que se organiza el trabajo a lo largo de la vida productiva.
Más años trabajando, menos días a la semana
La propuesta del empresario no se limita a elevar la edad de retiro. Su visión incluye un rediseño del modelo laboral: trabajadores que permanezcan activos hasta los 75 años, pero bajo esquemas más flexibles, con menos días laborados por semana y jornadas diarias más extensas. El objetivo, asegura, sería aliviar la presión financiera sobre los sistemas de pensiones y, al mismo tiempo, aprovechar la experiencia de los trabajadores de mayor edad, particularmente en sectores especializados.
Slim ha insistido en que permitir una vida laboral más larga fortalecería los fondos individuales de retiro y reduciría el peso presupuestal que hoy recae sobre el Estado. En el caso del IMSS y el ISSSTE, su planteamiento implicaría extender la edad pensionaria entre 10 y 15 años adicionales a lo que hoy marca la ley.
El choque con la realidad laboral mexicana
Sin embargo, el debate no se agota en la aritmética financiera. Economistas y especialistas en derecho laboral advierten que la propuesta parte de un enfoque homogéneo que no refleja la diversidad del mercado laboral mexicano. Mientras algunos trabajadores del sector formal y de servicios especializados podrían prolongar su vida laboral, millones de personas en actividades físicas, operativas o en la informalidad enfrentan un desgaste prematuro y condiciones de salud que dificultan trabajar hasta edades avanzadas.
De acuerdo con organizaciones laborales, elevar la edad de jubilación sin diferenciar por tipo de empleo podría profundizar las desigualdades existentes. En un país donde más de la mitad de la población ocupada labora en la informalidad y muchos comienzan a trabajar desde edades tempranas, el acceso a una pensión ya es limitado incluso con el esquema actual.
La Pensión del Bienestar, el punto más sensible
La postura más controvertida de Slim ha sido su crítica a la Pensión del Bienestar para adultos mayores. El empresario ha señalado que este programa social, financiado con recursos públicos, no sería sostenible en el largo plazo ante el cambio demográfico. Para sindicatos, académicos y asociaciones de jubilados, esta idea representa un riesgo directo a la red mínima de protección social de millones de personas que nunca lograron cotizar lo suficiente para una pensión contributiva.
Los detractores de la propuesta subrayan que, más allá de la viabilidad financiera, el debate debe incorporar variables como salud, calidad de vida y desigualdad social, especialmente en un contexto donde el acceso a servicios médicos y a empleos formales sigue siendo desigual.
Un debate que trasciende al empresario
Con una fortuna estimada en 101.6 mil millones de dólares y ubicado entre los 20 hombres más ricos del mundo, Carlos Slim no solo opina como empresario, sino como una de las voces más influyentes del sector privado mexicano. Sus planteamientos, aunque polémicos, han logrado reactivar una discusión de fondo: cómo garantizar pensiones dignas en un país que envejece, con un mercado laboral fragmentado y fuertes presiones fiscales.
Más allá de si sus propuestas prosperan o no, el debate evidencia que el sistema de pensiones en México enfrenta un punto de inflexión. La pregunta central ya no es si habrá cambios, sino cómo diseñarlos sin trasladar el costo del ajuste a los sectores más vulnerables de la población.
