Sheinbaum y los Gobiernos de Tamaulipas y Sonora rechazan publicación de The New York Times sobre presuntos informantes de Morena
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las afirmaciones publicadas por el diario estadounidense The New York Times, las cuales señalan que al menos una decena de políticos de Morena, entre ellos gobernadores y legisladores, estarían proporcionando información a las autoridades de Estados Unidos sobre integrantes de su propio partido.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria cuestionó la veracidad del reportaje y aseguró que el Gobierno federal no cuenta con información que respalde esos señalamientos.
“¿Cómo puede publicarse una nota así? Me dijeron que quién sabe quién afirmó que hay personas de Morena informando”, expresó Sheinbaum al referirse al contenido del artículo.
Tamaulipas niega cualquier investigación
En respuesta a la publicación, el Gobierno de Tamaulipas difundió un desplegado en un diario de circulación nacional para rechazar de manera categórica las versiones que involucran al gobernador Américo Villarreal Anaya.
El documento sostiene que no existe ninguna acusación formal ni procedimiento legal en su contra que respalde las afirmaciones difundidas por el medio estadounidense, por lo que calificó la información como infundada.
Alfonso Durazo exige rectificación
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también respondió al reportaje mediante una carta dirigida al periódico, en la que solicitó una rectificación de la información publicada.
En el documento, Durazo señaló que presentar como hechos afirmaciones sin evidencia verificable representa un ejercicio periodístico basado en la especulación y consideró que la publicación carece de sustento documental.
El reportaje y sus fuentes
El artículo, publicado durante el fin de semana por The New York Times, fue elaborado por integrantes de su equipo en México especializados en temas de seguridad y justicia.
La investigación cita a una decena de personas que hablaron bajo condición de anonimato y sostiene que varios funcionarios electos mexicanos habrían iniciado contactos con autoridades estadounidenses para compartir información sobre otros políticos, con el propósito de anticiparse a posibles investigaciones en su contra.
Según el diario, serían las propias autoridades de Estados Unidos quienes han establecido acercamientos con diversos actores políticos mexicanos.
Gobernadores bajo la mira
La publicación identifica como principales objetivos de esas supuestas investigaciones a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, citando a cinco personas con conocimiento del tema que, según el medio, no estaban autorizadas para hablar públicamente.
En el caso de Villarreal, el reportaje retoma señalamientos previamente difundidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos menciona referencias contenidas en el libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, escrito por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La publicación también recuerda las versiones que relacionan el financiamiento de campañas políticas con el empresario Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien fue asesinado en 2021.
Contexto de investigaciones en Estados Unidos
La difusión del reportaje coincide con el cumplimiento de dos meses desde que autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaron al Gobierno de México la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios de esa entidad, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento persisten diferencias sobre los plazos legales para que el Gobierno mexicano responda a dicha solicitud. El caso adquirió relevancia luego de que trascendiera la muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo realizado en territorio mexicano, hecho que generó nuevas tensiones en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Asimismo, dos de las personas señaladas en esa investigación ya se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, en un proceso que podría derivar en acuerdos de colaboración con la justicia de ese país.
