Sheinbaum plantea rediseño del sistema político con su “Decálogo por la Democracia”
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles su propuesta de reforma electoral, agrupada en el llamado “Decálogo por la Democracia”, con la que busca modificar de fondo el sistema de representación política, reducir el gasto electoral y establecer nuevas reglas de fiscalización y participación ciudadana.
Más allá del contenido técnico, la mandataria fijó una postura política clara: consideró que el simple hecho de enviar la iniciativa al Congreso representa una victoria, al cumplir —dijo— un compromiso asumido con la ciudadanía durante la campaña. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de un “plan B” si la reforma constitucional no alcanza la mayoría calificada en el Poder Legislativo.
Reconfiguración de la representación en el Congreso
Uno de los cambios centrales impacta directamente en la Cámara de Diputados. La propuesta transforma la asignación de los 200 diputados de representación proporcional:
- 100 curules dejarían de asignarse mediante listas cerradas de partidos y se entregarían a los candidatos que, sin ganar su distrito, hayan obtenido los mejores porcentajes de votación.
- Los otros 100 plurinominales serían elegidos por voto directo de la ciudadanía, con sufragio específico por mujer y hombre en cada circunscripción.
En el caso del Senado, desaparecería la figura de representación proporcional y se mantendrían únicamente la mayoría relativa y la primera minoría.
Sheinbaum subrayó que la propuesta no elimina la pluralidad política, sino que cambia el mecanismo para que los legisladores surjan directamente del voto ciudadano y no de decisiones internas de las dirigencias partidistas.
Austeridad electoral: 25% menos presupuesto
El segundo eje del decálogo plantea una reducción del 25% del gasto electoral, lo que implicaría ajustes en el presupuesto del , los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) y los partidos políticos.
La presidenta argumentó que existe una demanda social para disminuir el costo del sistema electoral, particularmente en un contexto de políticas de austeridad.
Blindaje financiero y coordinación con la UIF
En materia de fiscalización, la iniciativa prevé reforzar la coordinación entre el INE y la (UIF), con el objetivo de detectar recursos de procedencia ilícita y prevenir el rebase de topes de campaña.
La intención, explicó, es cerrar espacios al financiamiento irregular sin generar censura o vulnerar derechos políticos.
Nuevas reglas en propaganda y tecnología
Entre los puntos más novedosos destaca la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas. Los materiales elaborados con esta tecnología deberán incluir un aviso visible que informe al electorado.
También se propone reducir los tiempos de radio y televisión destinados a propaganda electoral, al considerar que actualmente existe saturación de mensajes. Se mantendrían los tiempos oficiales y la prohibición de contratar propaganda privada adicional.
Cambios operativos y participación ciudadana
La reforma plantea que los cómputos distritales inicien el mismo día de la elección, conforme lleguen los paquetes electorales, en lugar de esperar al miércoles siguiente. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no sufriría modificaciones en esta fase constitucional.
En materia de democracia participativa, con el 2% de la lista nominal la ciudadanía podría solicitar consultas municipales o estatales sobre temas de relevancia local, respetando las restricciones constitucionales vigentes.
Fin al nepotismo y a la reelección inmediata
A partir de 2030, la propuesta contempla:
- Prohibir el nepotismo electoral, impidiendo que familiares sucedan de manera inmediata a quien ocupe un cargo de elección popular.
- Eliminar la reelección inmediata para cualquier cargo, cerrando la posibilidad de continuidad consecutiva en el mismo puesto.
Estas medidas, afirmó la presidenta, buscan fortalecer la ética pública y evitar prácticas de “herencia política”.
Escenario legislativo y posible plan alternativo
La aprobación de la reforma requerirá mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sheinbaum sostuvo que será la ciudadanía quien evalúe el sentido del voto de los legisladores.
En caso de no alcanzarse los consensos necesarios, confirmó la existencia de un plan alternativo, aunque evitó detallar su contenido, dejando abierta la posibilidad de impulsar cambios mediante leyes secundarias.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo abre un nuevo debate sobre el modelo electoral mexicano, en un contexto donde la discusión no solo será técnica, sino profundamente política: redefinir cómo se integran los órganos de representación y cuánto cuesta la democracia en el país.
