Sheinbaum mide tiempos y consensos para una reforma electoral que reconfigurará el poder político
La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ante una de las definiciones más delicadas del inicio de su sexenio: trazar el rumbo de la reforma político-electoral que enviará al Congreso en las próximas semanas. No se trata solo de ajustes técnicos, sino de una transformación que podría modificar de fondo la competencia política, el equilibrio entre fuerzas partidistas y la viabilidad a largo plazo del proyecto de la Cuarta Transformación.
Consciente del alcance de la iniciativa y del clima de polarización que la rodea, la mandataria ha optado por avanzar con cautela. En días recientes pidió a su equipo tomar distancia de decisiones apresuradas y analizar con detenimiento los distintos escenarios planteados por la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, que ya entregó un diagnóstico integral sobre diez ejes centrales del sistema político-electoral mexicano.
Sheinbaum se ha dado tiempo para estudiar cada propuesta y convocó a una nueva reunión para el miércoles 14 de enero, en la que se definirán las líneas generales que servirán de base para la redacción final de la iniciativa. Antes de ello, el tema será abordado en la reunión de coordinación política que sostiene cada lunes con la dirigencia nacional de Morena y los coordinadores parlamentarios del partido en ambas cámaras del Congreso. Ahí se evaluará no solo el contenido de la reforma, sino la estrategia legislativa para sacarla adelante.
El desafío no es menor. Al implicar cambios constitucionales, la reforma requiere mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y el Senado. El calendario también presiona: el próximo periodo ordinario de sesiones, de febrero a abril, es la ventana clave para aprobar modificaciones, ya que la ley establece mayo como fecha límite para realizar cambios que incidan en el proceso electoral de 2027.
Costos, financiamiento y representación: los ejes sensibles
Las prioridades del Ejecutivo han sido claras desde la campaña: reducir el costo del sistema electoral, disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y recortar el tamaño del Congreso. Sin embargo, estos puntos han encontrado resistencias incluso dentro de la coalición gobernante, particularmente entre los aliados del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que hasta ahora no han sostenido reuniones formales ni con la Comisión de Reforma ni con la propia presidenta.
La instrucción presidencial ha sido que la propuesta se sustente en el amplio ejercicio de consulta realizado el año pasado, que incluyó decenas de audiencias públicas en todo el país, cientos de propuestas ciudadanas y encuestas de opinión ya procesadas. En esta etapa, la negociación política con los partidos aliados no se dará dentro de la comisión técnica, sino a través de los liderazgos parlamentarios y la dirigencia de Morena.
Los diez grandes temas que estructuran la reforma abarcan desde las libertades políticas y el sistema de partidos, hasta la democracia participativa, la justicia electoral y las reglas de elegibilidad e inmunidad. Para cada rubro se han diseñado distintos escenarios, actualmente bajo revisión de la presidenta, su equipo técnico y la Consejería Jurídica.
Uno de los debates más relevantes se centra en la nueva conformación del Congreso. Entre las opciones planteadas figuran un modelo de representación proporcional pura con listas abiertas; una integración mixta de diputados de mayoría relativa y proporcionales en partes iguales; la reducción del número de legisladores plurinominales; y la eliminación de los senadores de lista nacional. En todos los casos, el objetivo es disminuir el número total de legisladores sin eliminar la representación proporcional.
El INE y la oposición entran al debate
En paralelo, la comisión encabezada por Pablo Gómez sostendrá reuniones con integrantes del Instituto Nacional Electoral, que presentarán un documento técnico sobre el funcionamiento del sistema electoral nacional. El análisis pone especial énfasis en la interacción entre las estructuras centrales del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, cuya continuidad es defendida por el organismo como pieza clave para la operación del sistema.
El INE también plantea preservar avances en paridad de género, acciones afirmativas para grupos históricamente excluidos, representación indígena y mecanismos contra la violencia política de género, además de considerar la posibilidad de posponer la elección judicial prevista para 2027.
Desde la oposición, el debate se ha tensado. En la Cámara de Diputados, la presidencia ha abierto un canal alterno para recibir propuestas al margen del oficialismo. En ese espacio se presentará una iniciativa elaborada por un partido político en formación, con el respaldo de exdirigentes partidistas y exfuncionarios electorales que participaron en las reformas de 2008 y 2014.
PAN y PRI, por su parte, han anticipado un rechazo frontal. Sus dirigentes sostienen que la reforma podría implicar un retroceso democrático y han comenzado a posicionarla como una iniciativa de corte autoritario. Incluso, desde el PRI ya se le ha colocado un calificativo que busca asociarla con experiencias políticas de otros países de la región.
Así, mientras el gobierno insiste en que la reforma busca hacer más eficiente y menos costoso el sistema electoral, la oposición advierte riesgos para la pluralidad y la autonomía institucional. En medio de este escenario, Sheinbaum enfrenta el reto de equilibrar técnica, política y tiempos legislativos para impulsar una reforma que marcará el rumbo del sistema democrático mexicano en los próximos años.
