Sheinbaum envía al Congreso iniciativa para recuperar el agua como bien de la nación y frenar su mercantilización
A un año de iniciar su gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío a la Cámara de Diputados de una iniciativa clave para transformar la política hídrica del país: la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de recuperar el agua como recurso estratégico de la nación y garantizar que su acceso sea un derecho humano y no un privilegio.
Durante “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum recordó que fue en 1992, bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se modificó la normatividad en materia hídrica para permitir que las concesiones de agua se convirtieran en una mercancía transferible y vendible entre privados.
“Eso generó descontrol, concesiones que no eran notificadas a la Conagua y un uso excesivo del recurso. Con la iniciativa que hoy enviamos, eso se acaba. El agua es un recurso de la nación, no un bien para el mercado”, recalcó.
Reforma con visión humanista y estratégica
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el proyecto tiene un espíritu humanista, ya que busca ordenar, transparentar y eficientar el uso del agua, entendida como un derecho fundamental y como un recurso estratégico para el desarrollo nacional.
Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que la Ley General de Aguas establece las bases para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, delimita las competencias de los tres niveles de gobierno y reconoce los sistemas comunitarios de gestión del recurso.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en tanto, propone un cambio estructural:
- Ordenamiento de las concesiones: el Estado será el único responsable de regular y garantizar su uso. No habrá transmisión de títulos entre particulares ni cambios de uso sin autorización. Se creará un Registro Nacional del Agua y toda prórroga deberá ser revisada por la autoridad.
- Combate al uso indebido: se endurecen sanciones y multas contra prácticas irregulares.
- Delitos hídricos: se tipifica el robo de agua, el mercado negro del líquido, la explotación y traslado ilegal, así como actos de corrupción en el otorgamiento de concesiones. Las penas irán de 1 a 10 años de prisión y multas de 300 a 4 mil días.
- Fondo de Reserva de Aguas Nacionales: permitirá reasignar estratégicamente el recurso para atender necesidades prioritarias.
- Límite al acaparamiento: el pago de la cuota de garantía quedará restringido a un máximo de cinco años.
- Eficiencia en el uso: se impulsará la tecnificación agrícola e industrial, la medición precisa de los volúmenes utilizados y la captación de agua pluvial, junto con la planeación hídrica en horizontes de corto, mediano y largo plazo.
Agua como derecho y no mercancía
Con estas medidas, el gobierno federal busca cerrar la puerta al acaparamiento y a la especulación con el agua, prácticas que durante décadas profundizaron desigualdades y deterioraron ecosistemas.
“El agua vuelve a ser un recurso de la nación y su acceso un derecho para todos. Esta es una manera de celebrar el primer año de gobierno con un cambio de fondo para el futuro de México”, afirmó Sheinbaum.
La iniciativa abre ahora un nuevo capítulo en el Congreso, donde se debatirá si el país avanza hacia un modelo de gestión hídrica con base en el interés público y la justicia social, o si se mantienen privilegios históricos que han convertido al agua en un bien negociable.
