Sheinbaum anuncia giro institucional contra abusos a migrantes tras caso de extorsión en la frontera
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Gobierno de México prepara un nuevo esquema integral de investigación y sanción para atender denuncias de extorsión y abusos contra personas migrantes, luego de que se hiciera público un caso que involucra a dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) señalados por exigir dinero a mexicanos en tránsito hacia el país.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria subrayó que el combate a la corrupción en las instituciones encargadas de la política migratoria será una prioridad a partir del próximo año, especialmente en zonas fronterizas donde se concentran flujos de connacionales y migrantes extranjeros. La postura presidencial se dio tras la difusión, el pasado jueves, de un video en redes sociales en el que se observa a un agente de Migración solicitando dinero a personas procedentes de Estados Unidos con destino a México.
Sheinbaum informó que, de manera inmediata, instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al director general del INM, Sergio Salomón Céspedes, a revisar el caso y aplicar las medidas correspondientes. Como resultado, uno de los agentes involucrados fue separado de su cargo y se encuentra bajo investigación administrativa y penal.
De acuerdo con información oficial del propio INM, los hechos ocurrieron presuntamente la noche del 16 de diciembre en las oficinas del puente internacional “Puerta México”, en la representación local del instituto en Matamoros, Tamaulipas. El organismo confirmó la veracidad del incidente y precisó que los agentes que aparecen en el video fueron identificados, retirados de sus funciones y puestos a disposición del Órgano Interno de Control para determinar las responsabilidades administrativas.
Sheinbaum anuncia giro institucional contra abusos a migrantes tras caso de extorsión en la frontera
Además, el INM presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), no solo en contra de los agentes señalados, sino también de cualquier otra persona que pudiera resultar implicada conforme avancen las investigaciones. Esta acción busca sentar un precedente de sanción efectiva ante prácticas que vulneran los derechos humanos y la dignidad de los migrantes.
En un comunicado, el instituto enfatizó que el Gobierno de México “reprueba categóricamente cualquier acto contrario a la ley cometido en contra de nuestros connacionales o de otras personas”, y reiteró su política de cero tolerancia a la impunidad. La presidenta Sheinbaum respaldó este posicionamiento y sostuvo que los servidores públicos que traicionen la confianza ciudadana enfrentarán consecuencias legales.
El anuncio del nuevo esquema de investigación y sanción se perfila como parte de una estrategia más amplia para fortalecer los mecanismos de control interno, la supervisión en puntos migratorios y la atención a denuncias ciudadanas, en un contexto donde la movilidad humana y el respeto a los derechos de las personas migrantes se han convertido en temas centrales de la agenda nacional.
