Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo:
Debate entre fortalecimiento de garantías y riesgos de regresión
El Senado de la República aprobó este miércoles, por mayoría de votos y con modificaciones, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El objetivo central de la reforma, según el dictamen avalado, es modernizar el juicio de amparo, homologar plazos y ofrecer mayor certeza jurídica, al tiempo que garantiza un acceso más efectivo a la justicia, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Claves de la reforma
Entre los aspectos más destacados se encuentra la precisión del concepto de interés legítimo, que ahora podrá ser individual o colectivo. La modificación elimina la exigencia de que la afectación sea “actual” o que el beneficio derivado del amparo sea “directo”, lo que abre la puerta a la defensa de derechos de carácter colectivo o difuso.
En el ámbito fiscal, se definieron con mayor claridad los medios de garantía para suspender actos de cobro de créditos fiscales firmes, lo que, de acuerdo con sus promotores, evita discrecionalidades y mejora la certidumbre para contribuyentes.
La reforma también contempla la digitalización del juicio de amparo, con el compromiso de que el proceso electrónico será opcional, de modo que las personas sin acceso a tecnología no queden excluidas.
Las críticas de la oposición
La votación estuvo marcada por un intenso debate en el pleno.
- Carolina Viggiano (PRI) advirtió que la reforma restringe el alcance del amparo y deja a ciudadanos y comunidades vulnerables con menos herramientas frente a abusos de poder. Señaló que “se restringe la admisión, la suspensión y la ejecución de la sentencia”, lo que, en su opinión, beneficia a las autoridades y a grandes intereses económicos.
- Clemente Castañeda (MC) presentó una moción suspensiva —rechazada por el pleno— y acusó que la reforma ignora las más de 50 opiniones recogidas en parlamentos abiertos, que coincidían en que las modificaciones eran regresivas. Afirmó que la nueva regulación “debilita el amparo como instrumento de defensa, limita el interés legítimo y convierte la suspensión en una figura no efectiva”.
- Guadalupe Murguía (PAN) subrayó que la reforma deja desprotegidos a pequeños contribuyentes. Ejemplificó con un caso de demolición de vivienda para construir un parque, en el cual un juez podría negar la suspensión del acto reclamado, con el resultado de que “aunque el ciudadano gane el amparo, la casa ya estaría demolida”.
La defensa de Morena
Por el contrario, Javier Corral (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, defendió la aprobación de la reforma como un ejercicio plural y transparente, con la participación de especialistas y sociedad civil.
“Este dictamen fortalece el juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie, lo hace más eficiente sin sacrificar garantías”, aseguró.
El legislador destacó que los cambios buscan cerrar la puerta a abusos procesales, dotar de mayor claridad a conceptos jurídicos, evitar dilaciones con plazos precisos y establecer sanciones cuando se retrase la justicia.
Debate de fondo
La reforma a la Ley de Amparo reavivó un debate histórico en torno al equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. Mientras Morena y sus aliados sostienen que los cambios modernizan y fortalecen el acceso a la justicia, la oposición insiste en que representan un retroceso que erosiona una de las principales herramientas de defensa ciudadana frente a posibles abusos de la autoridad.
El dictamen será enviado ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, en medio de un escenario en el que la discusión promete mantenerse como uno de los temas jurídicos y políticos más relevantes de la actual legislatura.
