Senado aprueba nueva Ley General de Aguas; reforma marca giro hacia control público y sostenibilidad del recurso
En una sesión acelerada y con fuertes contrastes entre las bancadas, el Senado de la República aprobó en “fast-track” la creación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un cambio estructural que redefine la gestión del recurso hídrico en México por primera vez en más de tres décadas.
La minuta, que pasó apenas unas horas antes por la Cámara de Diputados, fue votada en lo general con 85 votos a favor y 36 en contra, y en lo particular con 82 votos a favor y 34 en contra. La mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde la clasificó como de “urgente resolución”, rechazando la moción suspensiva del PAN, que acusó falta de diálogo y análisis técnico.
Un reordenamiento hídrico con enfoque en derechos y sostenibilidad
La nueva legislación actualiza un marco normativo que permanecía casi intacto desde 1992, cuando se creó la Ley de Aguas Nacionales bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ahora, el gobierno federal plantea un modelo basado en el derecho humano al agua, establecido en el artículo 4 constitucional, con énfasis en la distribución equitativa del recurso y en el combate a prácticas de acaparamiento.
Entre los ejes centrales destacan:
- Creación del Registro Público de Agua Nacional, que transparentará todas las concesiones.
- Fondo de Reserva de Aguas, especialmente destinado para comunidades con déficit histórico de suministro.
- Cancelación de concesiones ociosas, acaparadas o irregulares.
- Sanciones más severas por extracción y desvío ilegales, ante el incremento de tomas clandestinas en regiones agrícolas e industriales.
- Regulación de obras privadas de captación pluvial, particularmente aquellas detectadas por alterar ciclos locales o desviar escurrimientos naturales.
Morena defendió que estos instrumentos permitirán “poner orden” en un sistema marcado por décadas de discrecionalidad, rezagos de infraestructura y sobreexplotación de acuíferos.
Resistencia agrícola: preocupación por el patrimonio hídrico rural
Sin embargo, la reforma detonó críticas especialmente entre productores agrícolas del norte del país. Campesinos y asociaciones de riego expresaron temor por la prohibición de transmitir concesiones de manera privada, un mecanismo habitual para dar continuidad al uso del agua en operaciones de compraventa de tierras.
Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que herencias y ventas de inmuebles seguirán permitidas, productores reclaman “falta de claridad” en los nuevos procedimientos y temen que los derechos históricos queden sujetos a criterios administrativos menos predecibles.
Para algunos sectores, esta incertidumbre se suma a las presiones del cambio climático y la reducción de disponibilidad en zonas agrícolas clave como La Laguna, Chihuahua y Sonora.
Choque político: acusaciones de “traición” vs. defensa del interés público
Durante el debate, la oposición –principalmente PAN y PRI– acusó que la reforma representa una “traición” a los campesinos, alegando que el gobierno privilegia una visión centralista que podría debilitar la certeza jurídica para la producción agrícola.
En respuesta, legisladores de Morena sostuvieron que el nuevo marco busca frenar un mercado “especulativo” del agua. Efraín Morales, integrante de la mayoría, afirmó que la iniciativa implica “un profundo cambio en la visión del manejo del agua” y denunció la existencia de una “campaña de desinformación” promovida por sectores que, aseguró, “se han beneficiado por años del acaparamiento”.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el proyecto al señalar que muchos de los opositores “tienen muchísimas concesiones”, incluso algunas sin uso o fuera de norma, y reiteró que se trata de “ordenar un sistema que ha privilegiado intereses particulares”.
Un debate que anticipa nuevas tensiones
Aunque la aprobación legislativa concluye el trámite formal, especialistas prevén que el proceso de implementación será complejo, pues Conagua deberá reestructurar el padrón de concesiones, establecer criterios de priorización y emitir reglamentos específicos para comunidades rurales e industrias.
Organizaciones defensoras del agua como un bien común celebraron la reforma, mientras cámaras empresariales y asociaciones agrícolas anticipan amparos y litigios para aclarar el alcance de la norma.
Con ello, México entra en una nueva etapa en torno a uno de sus recursos más presionados y determinantes para el desarrollo económico, social y ambiental del país.
