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SCJN decidirá el rumbo de los litigios fiscales millonarios en México

SCJN decidirá el rumbo de los litigios fiscales millonarios en México

Caso Salinas Pliego

La disputa fiscal entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó un punto decisivo con la exposición pública de nueve créditos fiscales que, en conjunto, suman más de 48 mil 382 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina del gobierno federal, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que estos adeudos se arrastran desde 2008 y están asociados a prácticas irregulares como pérdidas ficticias, deducciones indebidas y operaciones simuladas por parte de empresas del consorcio del magnate. Los casos se encuentran ya en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que convierte al máximo tribunal en árbitro de un litigio que puede marcar precedente para el combate a la evasión fiscal de grandes corporativos.

El régimen que abrió la puerta a abusos

Las deudas están relacionadas con el régimen de consolidación fiscal, vigente de 1982 a 2014. Este esquema buscaba fortalecer a los grupos empresariales al permitir que consolidaran las utilidades y pérdidas de sus filiales, reduciendo así el pago de impuestos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se transformó en un mecanismo de abuso.

Según Galeano, compañías del grupo de Salinas Pliego simularon pérdidas inexistentes o prolongaron las deducciones con maniobras contables, lo que permitió diferir el pago de impuestos hasta por una década. “Se alteraban los números para aparentar pérdidas mayores a las reales, lo cual afectaba directamente a la recaudación y creaba una competencia desleal frente a pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.

Irregularidades documentadas

La Procuraduría Fiscal explicó que tan solo entre 2008 y 2012 se acumularon adeudos por 24 mil 968 millones de pesos. A esto se suman créditos por 3,700 millones en 2010, 7,501 millones en 2011, y 4,431 millones en 2013, además de multas e irregularidades detectadas en viáticos, servicios, anticipos no comprobables y operaciones con empresas en quiebra.

Un caso emblemático fue la adquisición de una aerolínea en 2010, la cual generó pérdidas contables simuladas que derivaron en un crédito fiscal de 2,740 millones de pesos.

SCJN decidirá el rumbo de los litigios fiscales millonarios en México

SAT gana terreno en tribunales

De acuerdo con Galeano, el SAT ha obtenido fallos favorables en la mayoría de las instancias previas, lo que refuerza la solidez de sus señalamientos. “No hay arbitrariedad: los juicios acreditan que las pérdidas reportadas no corresponden con la operación real de estas empresas”, afirmó.

La cancelación del régimen de consolidación en 2014 y la entrada de un sistema más estricto desde 2018 marcaron un cambio de paradigma en la fiscalización, eliminando privilegios y cerrando espacios de evasión.

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El papel de la Suprema Corte

El desenlace del caso ahora depende de la SCJN, cuya resolución podría definir no solo la situación financiera del grupo de Salinas Pliego, sino también la manera en que México enfrenta la evasión fiscal a gran escala.

Galeano fue tajante: cualquier beneficio al deudor, como la reducción de multas o recargos, debe realizarse dentro del marco del Código Fiscal de la Federación y con pago voluntario. “No hay condonaciones ni mesas de negociación. La Constitución lo prohíbe. El SAT está abierto al pago, pero siempre dentro de la legalidad”, subrayó.

Más allá de un empresario

El caso envía un mensaje político claro: la política fiscal del actual gobierno está enfocada en cerrar el paso a privilegios y condonaciones, y en fortalecer la equidad tributaria. Para los analistas, el desenlace también servirá como prueba de fuego para el Poder Judicial, que deberá mostrar si está dispuesto a respaldar la estrategia de la administración federal contra las tácticas de evasión de los grandes consorcios.

En suma, el litigio entre el SAT y Salinas Pliego ya trasciende lo individual. Se trata de un choque institucional que podría definir el rumbo de la política tributaria en México durante la próxima década.


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