SCJN cierra litigios de Grupo Salinas y abre una nueva era para la fiscalidad corporativa en México
El largo capítulo judicial entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Grupo Salinas entró esta semana en una fase definitiva. Tras 17 años de litigios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de manera concluyente los amparos promovidos por Ricardo Salinas Pliego y dejó firme un conjunto de fallos que obligan a sus empresas a cubrir adeudos fiscales que, en conjunto, superan los 48 mil millones de pesos, con una cifra final que podría escalar —una vez cuantificados recargos y costas procesales— a cerca de 74 mil millones de pesos.
Un precedente para la gran industria y la fiscalización corporativa
La decisión fue tomada por unanimidad en el Pleno, que declaró improcedente el amparo de Grupo Elektra contra el cobro de más de 48 mil millones de pesos por desconsolidación fiscal correspondiente al periodo 2008-2013. El proyecto del ministro Arístides Rodríguez —avalado sin cambios por todos los ministros— revocó un acuerdo previo de la ministra presidenta Norma Piña y restableció la sentencia del Tribunal Colegiado que ya había condenado a la empresa a pagar.
Con ello, la SCJN cerró siete litigios clave que durante años frenaron la capacidad del Estado para ejecutar el cobro. Entre ellos, se incluye un crédito fiscal adicional de 1,431 millones de pesos y otros juicios asociados tanto a Elektra como a TV Azteca, cuyos montos individuales oscilan entre 1,603 millones y 4,916 millones de pesos.
El Pleno también rechazó atraer cuatro amparos adicionales promovidos por las empresas, lo que deja sin efecto cualquier intento de reabrir los procesos en tribunales federales.
El Estado recupera terreno
La resolución marca un punto de inflexión para la política fiscal del país. De acuerdo con especialistas consultados por diversos órganos legislativos, no se trata únicamente del monto en disputa, sino del mensaje: la SCJN avaló la capacidad del Estado mexicano para cobrar adeudos a grandes corporaciones aun cuando estos cuenten con estructuras legales complejas y recursos de litigio ilimitados.
Hasta julio de 2025, Grupo Salinas mantenía 32 juicios activos con el SAT por créditos fiscales relacionados con supuestos impuestos omitidos. Siete de esos procesos eran considerados estratégicos porque acumulaban la mayor parte de la deuda. Con el cierre de estos expedientes, la autoridad fiscal está facultada para iniciar procesos de embargo y ejecución.
Ejecución inmediata: ¿qué sigue para Salinas Pliego?
La siguiente etapa será la determinación final del monto a pagar, que incluye:
- Impuestos omitidos
- Actualizaciones
- Intereses
- Costas procesales a favor del Estado
El empresario puede acudir a instancias internacionales, pero ninguno de esos mecanismos suspende la ejecución fiscal en México. Es decir, el SAT puede comenzar el embargo de bienes, cuentas o activos sin esperar a un fallo fuera del país.
La respuesta del consorcio: confrontación política directa
En redes sociales, Ricardo Salinas Pliego respondió al fallo con un GIF de un león enseñando los colmillos acompañado de la frase “Hoy no se acaba, comienza”, mientras que Grupo Salinas difundió un comunicado de fuerte tono político.
El documento califica a la Suprema Corte como una institución “espuria” y acusa a los ministros de actuar bajo instrucciones del Poder Ejecutivo. El consorcio asegura que el fallo es consecuencia de la reforma judicial impulsada por Morena, a la que señala de “autoritaria” y orientada a eliminar contrapesos.
“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”, sostuvo la empresa, asegurando que los ministros evitaron deliberadamente analizar el fondo jurídico de los casos y que se vulneraron sus derechos humanos y garantías procesales.
Un golpe económico y simbólico
Para analistas financieros, la decisión judicial tiene impacto en varios niveles:
- Financiero: La deuda representa un monto significativo respecto a la fortuna del empresario y podría obligar a desinversiones o reestructuras internas.
- Empresarial: El fallo marca un precedente para otras compañías con litigios prolongados, y refuerza la capacidad recaudatoria del Estado.
- Político: Las acusaciones de Grupo Salinas tensan aún más la relación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y grandes conglomerados económicos.
Un declive anunciado
Aunque Grupo Salinas considera que la historia “no termina aquí”, lo cierto es que ya no queda ninguna vía legal interna. Por primera vez desde que inició el litigio en 2008, la Federación tiene vía libre para ejecutar el cobro de uno de los adeudos fiscales más altos en la historia reciente.
Para un sector que durante décadas operó con amplias ventajas legales y fiscales, el caso marca el inicio de un nuevo capítulo: uno donde la fiscalización a los grandes grupos económicos parece haber encontrado un camino más sólido, respaldado por la máxima instancia judicial del país.
