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Restitución de tierras y desarrollo integral: Gobierno federal avanza en la deuda histórica con el pueblo Ódami

Restitución de tierras y desarrollo integral: Gobierno federal avanza en la deuda histórica con el pueblo Ódami

Guachochi, Chihuahua.— La entrega de más de 3 mil hectáreas en la Sierra Tarahumara al pueblo Ódami marcó un nuevo avance en la política de restitución territorial del Gobierno de México, al pasar del reconocimiento legal de la propiedad a una estrategia integral de desarrollo social, productivo y de salud para las comunidades indígenas de la región.

Durante el acto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la devolución de la tierra no es un acto simbólico, sino la corrección de una deuda histórica con comunidades que fueron despojadas durante décadas. Señaló que se trata de “reconocer jurídicamente lo que siempre les perteneció”, en un proceso que busca garantizar arraigo, identidad y condiciones para el bienestar comunitario.

La restitución de estas tierras se enmarca en el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, una estrategia que articula la regularización agraria con programas sociales y obras de infraestructura. Con esta entrega, suman 6 mil 26 hectáreas devueltas a pueblos originarios de la región desde el inicio del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Además de la titulación, la presidenta anunció la incorporación de las comunidades Ódami al programa Sembrando Vida, con el objetivo de fortalecer la autosuficiencia alimentaria y generar ingresos mediante proyectos agroforestales. A ello se suma el compromiso de mejorar caminos rurales, ampliar centros de salud, garantizar el abasto de medicamentos y avanzar en la construcción de una Escuela de Enfermería junto al Hospital de Guachochi, para formar personal médico de la propia región y en lengua originaria.

Tras escuchar directamente las demandas de las y los habitantes, Sheinbaum Pardo se comprometió a que en 2026 se atenderán rezagos en infraestructura carretera, electrificación, conectividad digital y educación, y aseguró que regresará a la Sierra Tarahumara para supervisar los avances.

En materia social, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 161 mil habitantes de la Sierra Tarahumara son beneficiarios de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos en 2025. Detalló además que 446 comunidades han ejercido de manera directa 380 millones de pesos del FAISPIAM, destinados a obras de infraestructura básica definidas por las propias comunidades.

Restitución de tierras y desarrollo integral: Gobierno federal avanza en la deuda histórica con el pueblo Ódami

Por su parte, la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, explicó que la política de justicia territorial ha permitido, en los primeros meses de esta administración, la titulación de miles de hectáreas a comunidades rarámuris, wixárikas y Ódami, consolidando procesos agrarios que llevaban décadas sin resolverse.

El director del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que la restitución territorial va acompañada de inversión productiva y de salud. Recordó que en 2025 el programa Sembrando Vida benefició a más de 20 mil productores en la región, con una inversión superior a mil 300 millones de pesos, y anunció la conversión del Hospital Rural de Guachochi en Hospital General de Subzona, para ampliar la capacidad de atención médica.

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En representación del pueblo Ódami, Antonio Ayala Loera agradeció la restitución de las tierras y celebró el anuncio de la Escuela de Enfermería, al considerar que permitirá a las y los jóvenes formarse profesionalmente sin abandonar su territorio ni su identidad cultural.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reconoció la relevancia de la visita presidencial y refrendó la disposición de su administración para coordinar esfuerzos con el Gobierno federal, particularmente en la atención a los pueblos originarios.

Con esta entrega, el Gobierno de México refuerza una política que busca ir más allá de la regularización agraria, al vincular tierra, desarrollo social y servicios públicos como ejes de una justicia territorial que, por primera vez, coloca a las comunidades indígenas como protagonistas de su propio futuro.


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