Reforma cantada, derrota doble
En política, como en el viejo teatro, hay derrotas inesperadas y derrotas anunciadas. Las primeras sorprenden; las segundas exhiben.
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum pertenece claramente a esta última categoría: una derrota cantada que, como dice el dicho popular, vale doble.
La Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional promovida desde Palacio Nacional. El dato parlamentario es sencillo: no se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución para modificar las reglas del sistema electoral. Pero la política rara vez se explica con números únicamente. Lo verdaderamente relevante fue quiénes votaron en contra.
No sólo lo hizo la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, lo cual era perfectamente previsible. También lo hicieron los aliados del propio gobierno: el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Sin ellos, la mayoría calificada era aritméticamente imposible. Y sin embargo, la iniciativa llegó al pleno como si esa realidad no existiera.
En política parlamentaria eso tiene nombre: una reforma condenada antes de votarse.
La coalición gobernante, que durante años se comportó como un bloque disciplinado bajo el liderazgo de Movimiento Regeneración Nacional, mostró por primera vez una fisura abierta.
Los aliados votaron en contra sin romper formalmente la alianza, pero enviando un mensaje inequívoco: el respaldo político no es automático ni infinito.
En San Lázaro ocurrió lo que suele ocurrir cuando una reforma se diseña desde el poder y se intenta aprobar con premura: los aliados recuerdan que también tienen intereses propios.
El Partido del Trabajo expresó reservas sobre un rediseño electoral que podía concentrar poder en la mayoría dominante. El Partido Verde cuestionó cambios en la representación proporcional que podían afectar su supervivencia parlamentaria. Dicho de otro modo: cuando las reglas del juego se modifican, los jugadores calculan.
El resultado fue paradójico. Una reforma que pretendía reorganizar el sistema electoral terminó exhibiendo la fragilidad política del bloque que la impulsaba.
No es un dato menor. Se trata, de hecho, de la primera gran derrota legislativa del gobierno de Sheinbaum desde el inicio de su administración. Y no ocurrió por la fuerza de la oposición, sino por la ausencia de consenso dentro de la propia mayoría.
La iniciativa se presentaba públicamente como un intento de abaratar la democracia: reducir costos electorales, modificar el esquema de legisladores plurinominales y ajustar la composición del Senado.
Pero en política las percepciones pesan tanto como los argumentos técnicos. Para sus críticos —y también para algunos aliados— la reforma parecía más bien un rediseño institucional que podía favorecer al partido predominante.
La historia electoral mexicana explica parte de esa desconfianza. Desde la reforma política de 1977, las grandes transformaciones del sistema electoral han surgido de acuerdos amplios entre adversarios. Cuando una fuerza intenta imponer unilateralmente las reglas del juego, el resultado suele ser el mismo: resistencia política y fracaso legislativo.
La derrota del 11 de marzo confirma esa vieja lección de la política mexicana: las reglas de la competencia no se cambian en solitario.
Más delicado aún para el oficialismo fue el hecho de que algunos legisladores de Morena se desmarcaran de la línea partidista. Las disidencias internas, aunque numéricamente menores, tienen un valor simbólico considerable: muestran que incluso dentro del partido gobernante empiezan a surgir matices y reservas.
Frente a la derrota, el gobierno ha insinuado la posibilidad de un “plan B”, es decir, una reforma más limitada a través de leyes secundarias que no requieran modificar la Constitución.
Es una salida conocida en la política mexicana: cuando la Constitución se resiste, se intenta bordearla mediante ajustes legales.
Sin embargo, más allá de cualquier estrategia legislativa, el episodio deja una conclusión política inevitable.
Primero, demuestra que la coalición gobernante no es monolítica.
Segundo, evidencia que el Congreso comienza —aunque sea tímidamente— a recuperar su capacidad de veto.
Y tercero, confirma que incluso las iniciativas presidenciales pueden naufragar cuando no se construyen acuerdos previos.
Las derrotas parlamentarias no necesariamente debilitan a un gobierno. A veces lo obligan a negociar, y en esa negociación puede surgir una política más equilibrada.
Pero cuando la derrota estaba anunciada desde antes de la votación —cuando los propios aliados advertían que no acompañarían la iniciativa— el problema ya no es legislativo.
Es político.
Porque en política, como sabía el viejo periodismo parlamentario, las reformas no se caen el día de la votación.
Se caen mucho antes:
cuando dejan de tener mayoría.
Tiempo al tiempo.
