Reforma antivapeadores avanza en San Lázaro en medio de dudas técnicas y una agenda sanitaria más amplia
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en una sesión marcada por tensiones y advertencias cruzadas, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera absoluta los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. El dictamen —impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum— obtuvo 324 votos a favor y 129 en contra, cerrando más de tres horas de debate en las que el tema central no fue solo la prohibición, sino la solidez jurídica y operativa de una reforma de más de 800 páginas.
Aunque la polémica se centró en los dispositivos electrónicos, la iniciativa forma parte de una agenda sanitaria más amplia: incluye compras consolidadas de medicamentos, fortalecimiento de la producción nacional de insumos, nuevas atribuciones para Cofepris y un plan maestro para infraestructura en salud. Legisladores de distintos grupos señalaron que, por el tamaño del dictamen, la discusión reveló más preguntas que respuestas.
Un debate que expone vacíos y presiones
Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud y diputado de Morena, defendió el dictamen argumentando que la reforma responde a una preocupación creciente por la exposición de niñas, niños y adolescentes a dispositivos diseñados como objetos de moda.
Afirmó además que la narrativa de criminalización contra usuarios es falsa. Según explicó, las sanciones —de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos— aplican únicamente para quienes fabriquen, comercialicen o distribuyan vapeadores con fines de lucro.
Morena anunció que presentará una reserva para precisar ese punto, una medida que busca evitar interpretaciones que puedan escalar hacia controversias legales. No obstante, para la oposición este ajuste evidencia deficiencias en la técnica legislativa.
Oposición alerta por improvisación y mercado negro
Diputadas y diputados de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la prohibición absoluta es una respuesta desproporcionada que no tomó en cuenta la evidencia científica ni las opiniones de especialistas en salud pública.
Irais Reyes (MC) advirtió que el diseño del dictamen podría empujar el comercio de vapeadores hacia redes de delincuencia organizada. “Cuando criminalizan toda la cadena, el mercado no desaparece: cambia de dueño”, enfatizó.
Desde el PAN, Éctor Jaime Ramírez criticó la reforma por modificar más de 150 artículos sin consulta técnica adecuada y recordó que el presupuesto proyectado para salud en 2026 no cumple con los mínimos recomendados por organismos internacionales.
La priista Mónica Sandoval añadió que se trata de una discusión con impacto directo en políticas de prevención y tratamiento de adicciones, pero que se condujo con prisas y entre abucheos.
Un voto dividido y ajustes en camino
Aunque la mayoría oficialista logró la aprobación en lo general sin cambios, reconoció la necesidad de hacer precisiones en lo particular, especialmente para blindar la interpretación de que no habrá castigo para consumidores.
Para Morena, el foco está en frenar lo que califican como un “fenómeno creciente” entre jóvenes: algunos legisladores señalaron que el uso de vapeadores ya alcanzaría a medio millón de adolescentes en México.
Con la aprobación inicial, la reforma continúa su ruta legislativa en lo particular, donde se esperan reservas y ajustes que podrían matizar la redacción final.
Los puntos clave de la reforma aprobada
- Prohibición total de producción, venta, importación, exportación y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
- Sanciones penales de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes comercialicen estos productos con fines de lucro.
- Compras consolidadas, impulso a la fabricación nacional de medicamentos e insumos.
- Nuevas atribuciones para Cofepris, orientadas a fortalecer la vigilancia sanitaria.
- Plan maestro de infraestructura en salud y reconocimiento de la salud digital.
Con la discusión aún abierta, la reforma avanza en un terreno donde convergen salud pública, tensiones regulatorias y la necesidad de actualizar un marco legal ante productos cuya popularidad entre jóvenes crece más rápido que el consenso político para enfrentarlos.
