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Reforma a pensiones pone en riesgo ingresos de más de 93 mil jubilados del sector energético y financiero

Reforma a pensiones pone en riesgo ingresos de más de 93 mil jubilados del sector energético y financiero

Tope constitucional provocaría reducciones de hasta 60% y desata inconformidad nacional

Una reciente reforma constitucional podría impactar directamente a más de 93 mil jubilados de empresas y organismos públicos como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro, al establecer un límite en el monto de las pensiones que perciben.

 

Nuevo límite redefine el esquema de jubilaciones

 

La modificación al marco constitucional introduce un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando un máximo equivalente a la mitad del salario asignado a la Presidencia de la República.

 

Esta disposición implica un ajuste significativo para extrabajadores que actualmente reciben montos superiores, generando reducciones que, en algunos casos, podrían alcanzar hasta el 60 por ciento de sus ingresos mensuales.

Jubilados denuncian afectación a derechos adquiridos

 

El anuncio ha provocado reacciones inmediatas entre los afectados, quienes consideran que la medida vulnera acuerdos previamente establecidos al momento de su retiro.

 

Diversos grupos de jubilados han señalado que la aplicación de este nuevo límite podría contravenir principios constitucionales, particularmente el de no retroactividad, al modificar condiciones laborales ya consolidadas.

 

Movilizaciones y estrategia legal en marcha

 

Como respuesta, miles de jubilados se han organizado en distintas partes del país para manifestar su rechazo, incluyendo movilizaciones en la capital.

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Además, representantes del sector han adelantado que impulsarán acciones legales, como la promoción de amparos, con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma y defender sus ingresos.

 

Medida busca reducir gasto público en pensiones

 

Desde la perspectiva gubernamental, el ajuste responde a la necesidad de contener el gasto en pensiones consideradas elevadas dentro del sector público.

 

Sin embargo, la implementación de este límite ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la disciplina financiera y el respeto a los derechos laborales adquiridos, especialmente para quienes dependen completamente de estos recursos.


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