Recibe 30 años de prisión por un audio de Whatsapp y la acusan de traición
La Chispa te cuenta un caso insólito de una doctora que Recibe 30 años de prisión por un audio de Whatsapp. Marggie Orozco, médica general de 65 años, fue condenada por un tribunal de Venezuela tras difundir un audio en el que criticaba al gobierno de Nicolás Maduro, según informaron dos organizaciones defensoras de derechos humanos a la AFP. La sentencia generó un debate internacional sobre libertad de expresión y uso de leyes penales para silenciar disidentes.
Condena histórica y contexto político
Orozco fue sentenciada a 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. La detención ocurrió en agosto de 2024, en San Juan de Colón, estado Táchira, durante la crisis poselectoral generada tras la reelección de Maduro.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la médica fue denunciada por dirigentes comunitarios afines al chavismo luego de que criticara la gestión gubernamental en un audio y llamara a participar en las elecciones del 28 de julio de 2024, un claro ejemplo de la criminalización de la disidencia.
Condiciones de detención y estado de salud
Desde su detención, Orozco permanece recluida en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, Táchira. Según reportes, ha sufrido dos infartos en los últimos dos años, el más reciente en septiembre de 2024.
“Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos: uno fue víctima de un intento de atraco y el otro murió en un accidente”, informó Justicia, Encuentro y Perdón. La vulnerabilidad de los presos políticos evidencia el impacto físico y emocional de estas condenas.
Uso de leyes penales para silenciar disidencia
La condena a Orozco representa la pena máxima establecida en el artículo 37 del Código Penal venezolano. Esta disposición fija los 30 años de prisión como límite para delitos graves como la traición a la patria, aplicando la frase clave nuevamente: Recibe 30 años de prisión por un audio de Whatsapp.
De acuerdo con Human Rights Watch, Venezuela ha intensificado el uso de leyes penales contra la disidencia desde que se anunciaron las elecciones presidenciales de 2024. La Ley contra el Odio, vigente desde 2017, ha sido criticada por su aplicación arbitraria.
Aumento de presos políticos y vigilancia en Táchira
Según Foro Penal, al 1 de noviembre de 2025, Venezuela cuenta con 886 presos políticos. El caso de Orozco refleja la judicialización de ciudadanos por expresiones en redes sociales o aplicaciones como WhatsApp, incluso en contextos privados, reiterando: Recibe 30 años de prisión por un audio de Whatsapp.
El Sistema Patria ha sido criticado por fomentar delaciones entre ciudadanos y el estado Táchira se mantiene fuertemente vigilado. Entre agosto y octubre de 2024, al menos 19 manifestantes fueron arrestados sin orden judicial, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
