Sheinbaum y gobernadores acuerdan hoja de ruta nacional en seguridad y búsqueda de desaparecidos
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), donde mandatarios estatales, representantes del Poder Judicial, legisladores y el Gabinete de Seguridad definieron una hoja de ruta nacional con dos compromisos prioritarioss.: fortalecer las instituciones de seguridad pública y reforzar la búsqueda de personas desaparecida
Los acuerdos, aprobados por unanimidad, establecen obligaciones vinculantes para los tres niveles de gobierno con plazos específicos para su aplicación. Según Sheinbaum, se trata de “una nueva etapa de coordinación nacional en seguridad y justicia”, orientada a consolidar la reducción de delitos y a responder al reclamo social de mayor efectividad en la investigación de crímenes y la localización de desaparecidos.
Acuerdo para fortalecer las instituciones de seguridad
El primer compromiso, denominado Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública, plantea una transformación escalonada del sistema policial y ministerial del país. Sus principales ejes son:
- Armonización normativa: los ejecutivos estatales deberán presentar antes de noviembre de 2025 iniciativas de ley para homologar su marco jurídico con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Incremento de capacidades: hacia diciembre de 2029 se busca aumentar en 25% el número de policías estatales y en 30% los ministerios públicos, con un modelo de profesionalización uniforme.
- Academias de policía certificadas: a partir de enero de 2026 entrará en vigor un Modelo de Homologación de Academias, y para 2028 cada estado deberá contar con al menos una institución acreditada.
- Nuevas unidades de investigación: en diciembre de 2025 se pondrá en marcha un modelo actualizado de unidades de investigación criminal, acompañado de la Estrategia Nacional Antiextorsión, que obligará a todas las fiscalías a contar con áreas especializadas desde enero de 2026.
Tecnología y coordinación operativa
El acuerdo también prioriza la modernización tecnológica:
- Desde 2026, los Centros de Comando C2, C4 y C5 deberán estar certificados bajo estándares nacionales.
- Se implementarán nuevos lineamientos para el 911 y 089, con protocolos de atención unificados.
- A partir de octubre de 2025, todas las fiscalías deberán aplicar una nueva metodología de registro de homicidios dolosos y alimentar el Registro Nacional de Eficiencia Ministerial en un plazo máximo de 60 días.
Búsqueda de personas desaparecidas
El segundo compromiso nacional está enfocado en la crisis de desapariciones. Aunque los detalles serán presentados en las próximas semanas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, se adelantó que habrá mayor coordinación con fiscalías estatales, nuevas herramientas tecnológicas y una base de datos consolidada para mejorar la localización de personas.
Sheinbaum y gobernadores acuerdan hoja de ruta nacional en seguridad y búsqueda de desaparecidos
Gobernadores respaldan coordinación
Durante la sesión, los gobernadores Libia Dennise García (Guanajuato), Manolo Jiménez (Coahuila) y Mauricio Kuri (Querétaro) subrayaron que los nuevos acuerdos fortalecen la colaboración con la Federación. Coincidieron en que la homologación de procedimientos y la profesionalización de policías locales permitirá reducir rezagos históricos.
Sheinbaum cerró el encuentro con un mensaje de unidad:
“Con las y los gobernadores acordamos fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos. Estos acuerdos son la base de un país más seguro y justo”.
Lo que sigue
Los acuerdos del CNSP serán enviados a las legislaturas estatales y al Congreso de la Unión para dar seguimiento normativo. Además, el Secretariado Ejecutivo deberá publicar en los próximos meses los lineamientos técnicos que regirán la implementación.
Con esta agenda, el gobierno federal busca no solo reforzar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad, sino también atender de manera prioritaria la búsqueda de desaparecidos, una de las demandas más sensibles en materia de derechos humanos.
