Sheinbaum endurece combate al robo de agua: anuncia sanciones, reformas y depuración institucional
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó este martes una postura frontal contra el llamado huachicoleo del agua, fenómeno que por décadas ha provocado desabasto en comunidades, enriquecimiento ilícito y redes de corrupción toleradas desde las propias instituciones.
En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria advirtió que su gobierno no permitirá que continúe el saqueo del recurso y reveló que en municipios como Tehuacán, Puebla, operan desde hace años estructuras clandestinas que extraen y comercializan agua de manera ilegal. “Quien resulte responsable va a caer, sea funcionario o particular”, enfatizó.
Una red histórica de corrupción
Autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) expusieron que algunos de los casos detectados se remontan hasta 1985, lo que demuestra que el robo de agua no es un fenómeno reciente, sino una práctica normalizada por la falta de supervisión y la captura institucional en distintos sexenios.
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua en Conagua, explicó que el modelo neoliberal propició un esquema de especulación mediante el acaparamiento de concesiones. “Existen particulares que acumulan hasta cinco títulos, no para producir ni abastecer, sino para revenderlos cuando una industria o desarrollo inmobiliario los necesita, obteniendo ganancias millonarias”, señaló.
Las “garzas”, símbolo del negocio ilegal
Uno de los mecanismos más extendidos es la operación de las llamadas garzas, instalaciones clandestinas de extracción que alimentan pipas con agua sustraída de pozos irregulares. En Tehuacán se ha documentado la salida diaria de cientos de estas unidades, vendidas entre 2 mil y 3 mil pesos cada una.
“Se trata de un robo sistemático que vulnera el derecho humano al agua, pues las comunidades cercanas carecen de acceso regular al líquido mientras unos cuantos hacen negocio con él”, denunció Rodríguez Alonso.
Reforma integral y sanciones más severas
Sheinbaum instruyó a su gabinete a preparar una reforma legal de gran calado que elimine los vacíos normativos que han permitido el abuso. El proyecto contempla:
Cancelar el uso de concesiones inactivas retenidas con “cuotas de garantía”.
Elevar las multas hasta 50 mil UMAs (más de 5 millones de pesos), frente a las sanciones actuales de 2.8 millones que resultan insuficientes para frenar la reincidencia.
Incluir el robo de agua en el catálogo de delitos sujetos a extinción de dominio.
Precisar los delitos hídricos en el Código Penal Federal, cuya ambigüedad ha favorecido la impunidad.
Depuración institucional
La presidenta subrayó que no habrá tolerancia para funcionarios públicos que hayan permitido o encubierto estas prácticas. De confirmarse su responsabilidad, advirtió, serán destituidos e investigados penalmente.
“Este gobierno no va a permitir que se siga lucrando con el agua de la gente”, afirmó, y dejó claro que el huachicoleo de agua será tratado como un delito grave en sus dimensiones ambiental, administrativa, patrimonial y penal.
Hacia una nueva gestión del agua
Con esta ofensiva, el gobierno federal busca sentar las bases de un cambio histórico en la gestión hídrica: pasar de un modelo de especulación y privilegios hacia un sistema que garantice el acceso equitativo, sustentable y con prioridad para las comunidades más vulnerables.
El mensaje de Sheinbaum marca un parteaguas: el agua dejará de ser un negocio para convertirse en un derecho protegido con todo el peso del Estado.
