Oposición exige investigar vínculos financieros con lavado y fentanilo: acusan al gobierno de silencio y encubrimiento
La denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que involucra a tres instituciones financieras mexicanas con operaciones vinculadas al narcotráfico ha desatado una tormenta política en el Senado mexicano. Sin embargo, hasta ahora, el silencio del gobierno federal ha sido interpretado por la oposición como una señal alarmante de encubrimiento.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, advirtió que la falta de pronunciamiento oficial por parte de las autoridades mexicanas “mina la confianza ciudadana y manda un mensaje de complicidad o, cuando menos, de omisión deliberada”.
El caso toma un giro político delicado con la inclusión de Vector Casa de Bolsa entre las entidades señaladas, por tratarse de una firma vinculada al empresario Alfonso Romo, quien fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esta relación, advirtió Anaya, “hace aún más urgente que se garantice una investigación independiente y pública, sin filtros ni cálculos partidistas”.
Por su parte, Manuel Añorve, líder de los senadores del PRI, hizo eco de las preocupaciones, señalando que cualquier indicio de protección a figuras cercanas al oficialismo debe ser erradicado desde la raíz. “La ciudadanía merece saber si el dinero del narcotráfico circula libremente en instituciones respaldadas o toleradas por el poder político”, subrayó.
Oposición exige investigar vínculos financieros con lavado y fentanilo: acusan al gobierno de silencio y encubrimiento
El debate escaló cuando Anaya cuestionó si el aplazamiento de la reforma a la Ley Antilavado en el Congreso podría estar relacionado con esta investigación internacional. “¿Estamos retrasando leyes clave para proteger a amigos del régimen?”, inquirió.
Además, Anaya amplió su crítica al mencionar un escándalo en España, donde una empresa vinculada al Tren Maya y presuntamente a los hijos del expresidente López Obrador enfrenta cuestionamientos judiciales. “Aquí no se investiga, se protege. La supuesta autoridad moral del gobierno ya no se sostiene”, sentenció.
Ambos líderes concluyeron exigiendo acciones inmediatas: apertura de expedientes, informes públicos, comparecencias de autoridades financieras y, en su caso, consecuencias penales. “Caiga quien caiga, incluso si se trata de exfuncionarios de primer nivel”, dijeron.
Finalmente, vale reiterar que, hasta el momento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera no han emitido ninguna postura oficial, lo que ha generado más dudas que respuestas. La presión política crece en medio de una narrativa que confronta a la oposición con el aparato gubernamental, colocando al sistema financiero mexicano en el centro de una tormenta binacional de acusaciones.
