México refuerza estrategia de seguridad con traslado de 26 reos de alto perfil a EUA
En una operación conjunta de alto alcance, el Gobierno de México concretó el traslado de 26 generadores de violencia a Estados Unidos, como parte de una estrategia para impedir que líderes criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde prisión y para reforzar la cooperación bilateral contra el crimen organizado.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que esta acción fue resultado de la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, en colaboración con la Fiscalía General de la República y con el Gobierno estadounidense, bajo el acuerdo de no solicitar la pena de muerte para los reos extraditados, incluidos los 29 trasladados en febrero pasado.
“Es una decisión soberana, alineada a la Ley de Seguridad Nacional y a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, orientada a la protección de la población”, afirmó García Harfuch, al subrayar que la medida busca romper las redes de influencia y operaciones criminales que persistían desde los centros penitenciarios.
México refuerza estrategia de seguridad con traslado de 26 reos de alto perfil a EUA
Los internos, recluidos en nueve penales federales y estatales, enfrentan procesos en México y en Estados Unidos por delitos como homicidio, tráfico de personas, narcotráfico, uso de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Su peligrosidad, explicó el secretario, radicaba en que, pese a su reclusión, mantenían vínculos para ordenar secuestros, extorsiones y homicidios, además de amenazar a funcionarios.
La operación movilizó a 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, con el apoyo de 12 aeronaves militares. Los destinos fueron cinco ciudades estadounidenses: White Plains y Nueva York (JFK), San Diego, Phoenix y Dulles.
Con esta segunda fase de traslados —la primera fue en febrero—, el Gobierno mexicano busca cerrar espacios de impunidad y evitar que litigios o amparos permitan que reclusos de alta peligrosidad permanezcan en cárceles de baja seguridad o logren su liberación anticipada.
“El Estado mexicano no tiene vínculos de complicidad con criminales. La seguridad del pueblo es nuestra prioridad”, sentenció García Harfuch.
