Guardia Nacional bajo Sedena: una reforma que polariza al Senado
En una sesión maratónica que duró más de 8 horas, el Senado aprobó la polémica reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desatando intensos debates entre oficialistas y opositores. Con 86 votos a favor y 42 en contra, la mayoría calificada exigida por la Constitución fue alcanzada gracias al apoyo de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. El decreto fue enviado a los congresos estatales para su ratificación.
Las reformas modifican múltiples artículos constitucionales, entre ellos los que otorgan a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público. Esto provocó reacciones inmediatas por parte de la oposición, que acusó al gobierno de militarizar al país.
Morena defiende la seguridad ciudadana
La senadora Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y miembro de Morena, sostuvo que la reforma no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Afirmó que el objetivo es mejorar la seguridad pública sin interferir en las garantías individuales. “Esta reforma no limita derechos fundamentales del pueblo”, declaró.
A su vez, Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, subió a la tribuna para refutar las acusaciones de militarización. Según García Harfuch, la reforma busca optimizar la coordinación entre las distintas agencias de inteligencia y unificar la información para combatir el crimen de manera más efectiva. “No existe militarización alguna”, subrayó, asegurando que la Guardia Nacional será clave para el apoyo a los investigadores.
La oposición alerta sobre la militarización
Del lado contrario, las críticas no se hicieron esperar. Claudia Anaya, senadora del PRI, argumentó que la reforma, junto con la modificación al Poder Judicial, construye “un camino al infierno”, al considerar que afecta los derechos progresivos de la ciudadanía.
Por su parte, el panista Ricardo Anaya y la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano se unieron a la condena de la medida, argumentando que la militarización ha sido un fracaso en la lucha contra el crimen. Anaya calificó la estrategia de seguridad del actual gobierno como “fallida”, mientras que Barrales señaló que la presencia militar no ha resuelto la violencia e inseguridad en el país.
Una Guardia Nacional más militarizada
Con esta reforma, la Guardia Nacional, originalmente creada con un enfoque civil, pasa a ser un cuerpo de seguridad pública bajo el mando de la Sedena. Además, se establece que el comandante de la Guardia Nacional debe tener el grado de general de División, y que, mientras no haya personal capacitado con ese rango, la posición será ocupada por un general del Ejército con experiencia en seguridad pública.
La aprobación de esta reforma marca un hito en la política de seguridad pública del país, pero también abre un debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la vida civil. A pesar de los discursos de defensa por parte del oficialismo, la preocupación por la militarización sigue presente en amplios sectores de la sociedad.
