Designación de fiscal en Jalisco trae demandas de transparencia en Morena
La reciente designación de Salvador González de los Santos como titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco ha generado un intenso debate sobre la legalidad del proceso y la falta de cumplimiento constitucional. La decisión del gobernador Pablo Lemus de presentar una propuesta única, en lugar de una terna como lo establece el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ha sido cuestionada por diversos sectores políticos y ciudadanos.
Designación irregular y sus consecuencias
El Congreso del Estado aprobó la designación de González de los Santos en menos de 24 horas, con el respaldo de 30 diputados de todas las fracciones parlamentarias, excepto Futuro. Este proceso ha sido señalado como una continuación de prácticas irregulares que han sido comunes en las últimas administraciones estatales, con la complicidad de las legislaturas locales.
El cuestionamiento sobre esta designación se intensifica al relacionarla con los acontecimientos en el Rancho Izaguirre o La Estanzuela de Teuchitlán, donde la Guardia Nacional repeló un ataque en septiembre pasado. A pesar de la gravedad del caso, que incluyó la aprehensión de 10 personas, la liberación de dos víctimas de secuestro y el hallazgo de un cadáver, el predio no fue asegurado ni se llevaron a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Ante esta situación, sectores ciudadanos y políticos han exigido la renuncia inmediata de González de los Santos y la reposición del procedimiento conforme a la ley, garantizando la selección de un fiscal con independencia, conocimiento jurídico y valores democráticos.
Llamado a la intervención federal e internacional
Debido a la magnitud del caso de Teuchitlán, diversas organizaciones han solicitado una investigación imparcial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades y frenar la impunidad en Jalisco. Además, han propuesto la intervención del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de evaluar los marcos normativos y fortalecer los mecanismos de justicia.
Designación de fiscal en Jalisco trae demandas de transparencia en Morena
Exigencias al interior de Morena en Jalisco
El descontento también se extiende al interior de Morena, donde militantes han exigido la renovación de los Comités Ejecutivos Municipales, una obligación estatutaria incumplida desde 2019. En Jalisco, esta omisión se remonta a 2015, lo que ha debilitado la estructura del partido y permitido la imposición de candidatos sin arraigo ni compromiso con la entidad.
A pesar de sentencias del Poder Judicial de la Federación que ordenan esta renovación, la dirigencia nacional de Morena ha postergado el proceso con argumentos que ahora carecen de fundamento. Militantes han instado al partido a cumplir con las resoluciones judiciales y emitir de inmediato la convocatoria correspondiente.
Delegaciones federales y la falta de representación local
Otro punto de inconformidad es la designación de personas ajenas a Jalisco en las delegaciones federales, lo que ha generado un sentimiento de marginación entre la militancia local. Casos como las delegaciones de Bienestar y del Infonavit han sido señalados como ejemplos de esta práctica, considerada arbitraria y excluyente.
Ante ello, han solicitado una audiencia con la Secretaría de Gobernación para garantizar que los cuadros profesionales de Morena en Jalisco sean considerados en estos nombramientos, evitando que la militancia local sea relegada.
Un llamado a la legalidad y la democracia
Los hechos recientes en Jalisco han puesto en evidencia la necesidad de un mayor compromiso con la legalidad y la transparencia en los procesos de designación de funcionarios públicos y en la estructura interna de Morena. La exigencia de respeto a la Constitución y a los estatutos del partido refleja un creciente malestar ciudadano y militante que busca fortalecer las instituciones democráticas y garantizar un ejercicio de gobierno justo y equitativo en el estado.
