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De Paraguay al Altiplano: el ingreso de Hernán Bermúdez abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en cuerpos de seguridad

De Paraguay al Altiplano: el ingreso de Hernán Bermúdez abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en cuerpos de seguridad

Almoloya de Juárez, Estado de México, Bajo un hermético operativo, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”. Su llegada marca un episodio que no solo apunta a sus presuntos vínculos con el crimen organizado, sino también a la crisis de confianza que enfrenta el país respecto a sus instituciones de seguridad.

El exfuncionario, identificado como supuesto líder de “La Barredora”, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recorrió un trayecto de más de 30 horas desde Asunción, Paraguay, país que lo expulsó tras determinar su estancia irregular. El viaje incluyó una escala de 12 horas en Bogotá y otra de más de seis horas en Tapachula, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, donde fue custodiado hasta el penal federal de máxima seguridad.

La caída de un exfuncionario con poder

La detención de Bermúdez Requena, ocurrida el pasado 12 de septiembre en las afueras de Asunción, reveló una faceta oscura de quien fuera jefe de la seguridad pública en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández. De acuerdo con las investigaciones, habría utilizado su posición para ofrecer protección y articular redes criminales.

El hallazgo de joyas, dinero en efectivo y vino importado en la residencia paraguaya donde se ocultaba reforzó la imagen de un exfuncionario alejado del perfil de servidor público y más cercano al de un operador del narcotráfico.

Operación binacional y repercusiones políticas

La captura fue encabezada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, luego de detectar presuntos planes para establecer una célula del CJNG en el Cono Sur. Tras descartar un proceso de extradición, la presidencia paraguaya resolvió su expulsión inmediata y coordinó el traslado con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

En México, el caso ya generó reacciones políticas. Adán Augusto López Hernández, hoy senador, declaró no haber recibido nunca reportes de irregularidades sobre su excolaborador, aunque subrayó que “quien tenga responsabilidades tendrá que pagar”.

De Paraguay al Altiplano: el ingreso de Hernán Bermúdez abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en cuerpos de seguridad

Impacto en la seguridad pública

El ingreso de Bermúdez al Altiplano no solo se interpreta como la caída de un operador de alto nivel, sino como una prueba de fuego para las instituciones de seguridad en México. El hecho de que un exsecretario de Seguridad Pública aparezca vinculado a un cártel criminal alimenta las dudas sobre la infiltración del crimen en corporaciones oficiales.

Además, fuentes judiciales confirmaron que junto con Bermúdez se investigan al menos a cuatro operadores identificados como Daniel H. (“El Prada”), José del Carmen C. R. (“La Rana”), Xaviel Eduardo V. O. (“El Blin Blin”) y Manuel de Atocha R. H.

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La audiencia inicial está prevista para este viernes dentro del mismo penal, bajo la responsabilidad del juez Mario Elizondo Martínez. Ahí se definirá la situación jurídica de Bermúdez y, posiblemente, de sus colaboradores.

El desafío para el Estado mexicano

Más allá del caso individual, lo ocurrido plantea un desafío institucional: demostrar que ni la jerarquía ni los cargos públicos representan inmunidad frente a la justicia. La sociedad, cada vez más escéptica, espera que el proceso contra Bermúdez Requena se traduzca en un precedente firme contra la corrupción y la complicidad entre funcionarios y el crimen organizado.

El ingreso del exfuncionario a El Altiplano es apenas el inicio de un proceso judicial que podría sacudir estructuras políticas y de seguridad en Tabasco y a nivel nacional.


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