Crece la Tensión por Señalamientos a Figuras Políticas y Empresariales en Sinaloa
La distribución masiva de volantes en las principales ciudades de Sinaloa, Culiacán y Mazatlán, ha encendido las alarmas debido a los graves señalamientos que en ellos se hacen contra figuras públicas y empresariales. Los panfletos acusan directamente al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, y al alcalde de Badiraguato, José Paz López Elenes, de mantener nexos con el Cártel de Sinaloa.
El contenido de los volantes, distribuidos desde avionetas que sobrevolaron ambas ciudades, denuncia presuntos actos de corrupción y extorsión, mencionando el cobro de cuotas a empresarios inmobiliarios, agricultores, y hasta ciudadanos comunes, así como el incremento de robos de vehículos. “Estamos hartos de: cobro de cuotas a los empresarios inmobiliarios, robos de vehículos a los ciudadanos, cobro en canales de riego, cobro a los agricultores en sus parcelas”, señala uno de los fragmentos del panfleto.
Lo más grave del contenido es la acusación directa contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien califican como un “narcogobernador”, además de vincularlo con la protección de líderes del Cártel de Sinaloa. En otro extracto se lee: “Sinaloa, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes […] Rubén Rocha Moya ha entregado nuestro estado a criminales, brindando protección a quienes envenenan a nuestra sociedad con drogas y extorsionan sin piedad a familias inocentes”.
Crece la Tensión por Señalamientos a Figuras Políticas y Empresariales en Sinaloa
Los volantes también incluyen fotografías y nombres de reconocidos empresarios del sector inmobiliario en Mazatlán, así como de una ex reina del Carnaval de Mazatlán, un influencer de Culiacán, y los rostros de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán López, hijos del célebre narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Curiosamente, los panfletos no están firmados por ningún grupo criminal, lo que deja en duda su origen. En cambio, se proporcionan los números telefónicos de la Novena Zona Militar y la Secretaría de Marina, así como el correo electrónico “[email protected]“, perteneciente a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Esta acción sugiere una posible campaña de colaboración ciudadana o incluso de las propias autoridades para recopilar información sobre los líderes del Cártel de Sinaloa, en un intento de romper con la impunidad que rodea a estos personajes.
Esta serie de eventos tiene lugar en medio de una escalada de violencia sin precedentes en la región, donde en los últimos 18 días se han registrado 107 asesinatos y más de 100 desapariciones, en lo que parece ser una confrontación directa entre facciones criminales rivales.
Aunque las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los volantes, la distribución masiva y la naturaleza de las acusaciones contra altos funcionarios y figuras públicas del estado han creado una atmósfera de incertidumbre y tensión. La ciudadanía se enfrenta a una creciente inseguridad mientras el estado lucha por contener la violencia y restablecer la confianza en las instituciones gubernamentales.
Por el momento, ni el gobernador Rubén Rocha Moya ni los otros señalados en los volantes han ofrecido declaraciones públicas, lo que deja abiertas muchas interrogantes sobre el impacto de estas acusaciones y la respuesta que tomarán tanto las autoridades locales como las federales frente a esta nueva fase de inestabilidad en Sinaloa.
