¿Podría repetirse un 6 de enero, esta vez, en el Congreso?
A mediados del verano, un grupo de figuras de la derecha estadounidense vinculado a Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto y una de las figuras centrales del Proyecto 2025, planteó una inquietante teoría: que el Congreso puede, y debería, negarse a admitir a representantes recién elegidos que, a juicio de la mayoría, no puedan jurar legítimamente que “apoyarán y defenderán la Constitución”.
El argumento está dirigido, en particular, contra candidatos vinculados a los Socialistas Democráticos de América (DSA) y otros movimientos que sus autores consideran incompatibles con él orden constitucional estadounidense.
Y aquí comienza una interrogante que hasta hace algunos años habría parecido disparatada:
¿Se atrevería Trump a provocar otro conflicto como el del 6 de enero de 2021?
Recordemos lo ocurrido después de las elecciones de 2020.
Tras su derrota, Donald Trump y sus aliados recurrieron a numerosas acciones legales para tratar de revertir los resultados electorales.
No solo eso. Trump llegó a pedirle a Brad Raffensperger, entonces secretario de Estado de Georgia, que “encontrara” los 11,780 votos que necesitaba para superar la ventaja de Joe Biden en ese estado.
Y ahora hay un nuevo elemento que merece atención, y que es una continuación de la necedad de Trump de que él ganó la elección presidencial del 2020, y que Joe Biden se la robó.
Las papeletas de Georgia están en poder del gobierno federal:
El 28 de enero de 2026, agentes del FBI incautaron más de 600 cajas con papeletas y otros documentos relacionados con las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, Georgia. La acción forma parte de una investigación federal sobre supuestas irregularidades electorales.
En mayo, el juez federal J. P. Boulee rechazó la petición del condado para obligar al gobierno a devolver los materiales originales. El juez consideró que existían problemas en la declaración utilizada para conseguir la orden de registro, pero concluyó que esos defectos no alcanzaban el estándar jurídico necesario para ordenar la devolución.
Por ahora, entonces, el Departamento de Justicia mantiene bajo custodia federal esos documentos originales mientras continúa la investigación. El condado, sin embargo, dispone de copias.
Todo esto adquiere otra dimensión cuando recordamos el 6 de enero de 2021.
Después de haber visto hasta dónde llegó el intento de revertir las elecciones de 2020, quizá resulte ingenuo descartar automáticamente escenarios simplemente porque parecen demasiado extremos.
No se trata de caer en la paranoia. Se trata de reconocer precedentes y estar preparados. Eso me recuerda la frase árabe—“Cuando hay tanto en juego, nada debe ser descartado”.
Apliquémoslo aquí diciendo… “Cuando hay tanto en juego, hay escenarios en estas elecciones de medio término que merecen analizarse antes de ser descartados”.
La fecha clave sería el 3 de enero de 2027:
Ese día podría convertirse en una fecha extraordinariamente importante, porque es cuando por ley se constituirá en Washington DC el nuevo congreso recién electo.
Mike Johnson, el actual congresista republicano, que es presidente de la Cámara de Representantes continuará en su puesto. Obviamente los resultados de las elecciones de noviembre le dejarán márgenes de maniobra extremadamente estrechos. Así, lo seguro es que surgiera una batalla sobre quién tiene derecho a participar en la organización de la nueva Cámara.
Esta hipótesis se apoya en una peculiaridad del sistema constitucional estadounidense.
Mientras el Senado con 100 miembros, conserva dos tercios de sus integrantes después de cada elección, la Cámara de Representantes con sus 435 representantes (Diputados federales) se reconstituye completamente cada dos años.
Los mandatos anteriores concluyen al mediodía del 3 de enero y comienza entonces el proceso de organización de la nueva Cámara.
El secretario de la Cámara recopila todas las certificaciones electorales remitidas por los estados, después de las elecciones intermedias, y prepara la lista de representantes electos. Después, los representantes electos participan en la elección del nuevo Speaker, o nuevo presidente de la misma Cámara de Representantes que una vez elegido y juramentado, toma a su vez el juramento del resto de los nuevos miembros.
Y ahí aparece la gran pregunta.
¿Un “golpe” desde el propio Congreso?
¿Qué ocurriría si uno o varios representantes electos objetaran, antes del juramento, la participación de otros representantes electos en la votación para elegir al Speaker?
No sería completamente inédita una controversia en ese momento del proceso.
En 2021, el representante republicano Chip Roy, de Texas, cuestionó la admisión de delegaciones de varios estados como una forma de denunciar la contradicción de aquellos republicanos que posteriormente pretendían objetar los resultados del Colegio Electoral.
Aquella disputa no terminó excluyendo a los miembros electos. La entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, calmó las aguas, y procedió con la organización de la nueva Cámara, y todo acabó en paz.
Pero, solo por hoy y para probar este supuesto, cambiemos una pieza fundamental del tablero.
¿Qué ocurriría si quien tiene capacidad de conducir ese proceso estuviera dispuesto a utilizar una objeción para impedir temporalmente que determinados representantes participaran?
¿Qué pasaría si el Speaker mismo, que es como les dije, el actual presidente de la cámara, que es además un aliado incondicional de Trump dispuesto a jugarse todo con él, se niega a reconocer la legitimidad de algunos de los miembros recién elegidos?
Ahí es donde la hipótesis deja de ser solamente académica.
La teoría frente a la realidad:
Imaginemos unas elecciones extraordinariamente cerradas.
Los demócratas parecen haber conseguido la mayoría de la Cámara, pero apenas por una veintena de escaños.
Antes de elegir al nuevo Speaker, un congresista en funciones republicano objeta la admisión de varios representantes demócratas recientemente elegidos.
El argumento podría ser, por ejemplo, que algunos de ellos pertenecen o están vinculados al llamado movimiento Democratic Socialists of America (DSA) y que, por esa razón, no cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo.
Durante la campaña de estas elecciones intermedias, desde Trump hasta los candidatos republicanos, han dicho una y otra vez, que admitir a socialistas en su cámara, sería como dejar entrar a un nuevo “Caballo de Troya” lleno de enemigos de la República Estadounidense.
Entonces aquí es que empezaría el verdadero problema.
Si esos demócratas recién votados fueran excluidos temporalmente de la votación, el equilibrio interno de la Cámara baja cambiaría radicalmente a favor del partido republicano, el partido del presidente, y con ese detalle cambiaría también quien ocuparía el super poderoso cargo de Speaker. (presidente) de la cámara.
Obviamente, una mayoría republicana artificialmente modificada, podría elegir a un presidente de la Cámara también republicano y también favorable a mantener las exclusiones, que, a su vez, le devolvería el control de la Cámara de Representantes al presidente Trump.
¿Qué pasaría entonces?
Que, una vez constituida esa mayoría, comenzaría una batalla política, constitucional y judicial de enormes proporciones, que podría llevar a Estados Unidos a una crisis constitucional de una proporción tal, que sólo podría ser comparable a la de 1860 que inició la guerra civil.
La posible laguna constitucional:
La Constitución establece que cada cámara del Congreso será juez de las elecciones, resultados y calificaciones de sus propios miembros.
Precisamente allí estaría el argumento que tratarían de explotar quienes quisieran impugnar la incorporación de determinados representantes.
Pero una cosa es encontrar una interpretación jurídica que permita plantear una objeción y otra muy distinta que semejante maniobra sobreviviera a las impugnaciones constitucionales, judiciales y políticas que inevitablemente provocaría.
Por eso esto debe plantearse como lo que es: Solamente un escenario hipotético, no una predicción de lo que necesariamente ocurrirá el 3 de enero.
Y ¿Trump, sigue siendo tan temido como antes?
Ésta es quizá la pregunta política más importante.
La gran debilidad del escenario que acabo de plantear es que presupone algo que todavía no sabemos: que suficientes republicanos estarían dispuestos a acompañar a Trump en una confrontación institucional de semejante magnitud.
Porque debo informarle, que ya hay republicanos que han marcado distancia del presidente. Y sería razonable pensar que los legisladores interesados en preservar su futuro político jamás apoyarían una maniobra tan extrema.
Pero tampoco sabemos cuántos republicanos de la Cámara estarían verdaderamente dispuestos a enfrentarlo, si Trump decidiera convertir la organización del nuevo Congreso en una batalla política.
Ahora regresemos al mundo real, en el que existe otro elemento fundamental.
Independientemente del resultado de las elecciones de mitad de termino, Trump seguirá ocupando la presidencia durante los dos años restantes de su mandato.
Eso significa que una eventual cámara de mayoría demócrata no necesariamente tendría vía libre para imponer su agenda. Si los demócratas no alcanzan las mayorías necesarias que en la cámara baja serian 292 votos y en el senado 67 para superar un veto presidencial, cada gran iniciativa podría convertirse en un enfrentamiento con la Casa Blanca. Habría enormes batallas diarias con un presidente que disfruta de vivir diariamente con escenarios así de conflictivos.
Mis amigos, necesitamos estar preparados, para una guerra política llena de investigaciones, litigios, vetos y confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso.
Y considerando lo ocurrido después de las elecciones del 2020, tampoco sería sorprendente que los resultados de las elecciones de mitad de mandato terminaran nuevamente frente a los tribunales.
La diferencia es que esta vez, ya conocemos el precedente.
No se trata de asegurar que habrá un intento de alterar la composición del próximo Congreso. Se trata de entender que, después de lo ocurrido durante la elección presidencial del 2020 y del 6 de enero de 2021, descartar de antemano cualquier escenario extraordinario sería también un error.
Como punto final hay que recordar que Estados Unidos no se dice ser una democracia, porque lleva a cabo elecciones, se hace llamar democracia, porque aquí esta sobreentendido que siempre se respetarán los resultados de las elecciones. Con Donald Trump, o sin él.
