Plan B electoral: el gobierno busca reconfigurar el gasto político sin tocar la Constitución
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha una nueva ruta para transformar el sistema electoral mexicano tras el freno legislativo a la reforma constitucional. El denominado “Plan B”, enviado al , apuesta por cambios en leyes secundarias para reducir costos del aparato político, fortalecer la fiscalización y ampliar herramientas de participación ciudadana.
El giro estratégico del gobierno federal ocurre luego de que la iniciativa original no alcanzara la mayoría calificada en el Congreso, obligando a la administración a replantear su estrategia sin modificar la Carta Magna. En este nuevo escenario, el enfoque se centra en ajustar reglas operativas y presupuestales que, desde la óptica oficial, han permitido excesos en distintos niveles de gobierno.
Austeridad como eje: recorte a estructuras locales
Uno de los pilares del paquete es la reducción del tamaño de los ayuntamientos. La propuesta establece que el número de regidores se limite a un rango de entre 7 y 15, dependiendo de la población, con el objetivo de eliminar estructuras sobredimensionadas en municipios que actualmente cuentan con hasta 25 integrantes en sus cabildos.
A la par, se plantea prohibir prestaciones adicionales para autoridades municipales. Presidentes municipales y regidores no podrán recibir bonos, seguros de gastos médicos privados ni percepciones extraordinarias fuera de su salario, en un intento por cerrar espacios a lo que el gobierno considera privilegios injustificados.
Congresos locales bajo presión presupuestal
El Plan B también introduce un criterio uniforme para el gasto legislativo estatal: los congresos locales no podrán exceder el 0.70 % del presupuesto total de cada entidad. La medida busca reducir disparidades marcadas en el costo por legislador.
Desde el Ejecutivo se ha señalado que existen casos como Baja California, donde el gasto por diputado alcanza niveles considerablemente superiores al de entidades como Colima. La intención es obligar a los congresos con mayores presupuestos a realizar ajustes graduales, mientras que aquellos con niveles más bajos solo podrán crecer en términos reales.
Partidos políticos: sin recorte, pero con mayor control
Aunque no fue posible disminuir el financiamiento público a los partidos —uno de los objetivos centrales de la reforma constitucional fallida—, el Plan B introduce nuevas reglas de austeridad interna. Dirigentes partidistas no podrán percibir ingresos superiores a los de la Presidencia ni acceder a prestaciones adicionales.
Además, se refuerzan los mecanismos de vigilancia. El podrá coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades hacendarias para rastrear el origen de los recursos, detectar desvíos y evitar financiamiento ilegal o extranjero.
Revocación de mandato y elección judicial
En el terreno de la participación ciudadana, la reforma amplía las opciones para la revocación de mandato. Este ejercicio podrá realizarse no solo en el cuarto año de gobierno, sino también en el tercero, lo que abre un margen más amplio para evaluar la continuidad de los gobiernos.
Por otro lado, de cara a la elección judicial de 2027, el paquete propone ajustes operativos: reducción del número de candidatos en boletas y mayor rigor en la evaluación de perfiles por parte de los tres poderes.
Redistribución del gasto: la narrativa social
La secretaria de Gobernación, , subrayó que los recursos ahorrados serán redirigidos a infraestructura en estados y municipios, reforzando la narrativa del gobierno de priorizar el gasto social sobre el administrativo.
En ese sentido, el Plan B se presenta como una reorientación del presupuesto público: menos recursos para la operación política y más inversión en obras y servicios.
Una reforma incompleta, pero en marcha
Pese al avance, la propia presidenta ha reconocido que temas como la eliminación de legisladores plurinominales o la reducción directa del financiamiento a partidos seguirán pendientes, al requerir modificaciones constitucionales.
El envío del paquete al Senado marca el inicio de una nueva etapa de debate político. Mientras el gobierno lo plantea como un paso hacia la austeridad y la transparencia, la oposición anticipa una discusión sobre los alcances reales de modificar el sistema electoral sin tocar sus bases constitucionales.
Así, el Plan B no solo redefine la estrategia legislativa del Ejecutivo, sino que abre un nuevo capítulo en la disputa por el modelo de democracia y representación en México.
