Sindicato del Poder Judicial de Yucatán denuncia atropellos
El Sindicato del Poder Judicial de Yucatán denuncia atropellos, en medio de la problemática de la cancelación de los fideicomisos.
El Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán ha alzado su voz en una denuncia enérgica contra lo que describen como atropellos a sus derechos laborales y prácticas de favoritismo por parte de los nuevos magistrados.
Esta situación ha llevado a la organización sindical a anunciar una marcha de protesta que se llevará a cabo el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Sindicato del Poder Judicial de Yucatán denuncia atropellos y esto fue lo que dijeron
En una rueda de prensa, Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista, expresó su preocupación por la situación actual en el Poder Judicial del Estado de Yucatán.
Martín Puc afirmó que se han ampliado los requisitos para obtener incluso el puesto más bajo, exigiendo, entre otros, la cédula profesional, lo que dificulta el acceso de los trabajadores al empleo.
Uno de los puntos que más preocupa al sindicato es la contratación de estudiantes de derecho para puestos de proyectistas, que son considerados de los más importantes y con sueldos superiores a 30 mil pesos.
Según Martín Puc, alrededor de 10 o 15 estudiantes han sido contratados para estas posiciones, lo que se percibe como un trato poco ético por parte de los magistrados, ya que, en primera instancia, se les piden numerosos requisitos y escalafón para ascender, y existen personas con amplia preparación académica, como doctorados, que podrían ocupar estos cargos de manera competente.
Por su parte, Víctor Hugo Huchim Torres, secretario de conflictos del sindicato, destacó que en Primera Instancia en materia penal no se ha realizado una convocatoria en más de 12 años, a pesar de la existencia de vacantes.
Esto ha generado una falta de oportunidades para que los trabajadores del Poder Judicial puedan ascender en sus carreras, lo cual es una de las principales demandas del sindicato: la reactivación de la carrera judicial.
El sindicato también ha pedido la pasificación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de la ley y que han laborado durante más de tres años, en lugar de recibir contratos temporales.
Además, exigen la homologación de salarios para aquellos trabajadores que realizan funciones de una categoría superior a la que ocupan, pero que reciben un salario inferior.
Los sindicalistas señalaron que los nuevos magistrados, que no tienen carrera judicial, actúan de manera arbitraria y segura, dado que sus cargos están garantizados por un período de 15 años.
En particular, la magistrada Lizette Mimenza ha sido identificada como una de las figuras que ha reiterado que su permanencia en el cargo está asegurada por más de una década.
