Violentadores fuera de la contienda electoral: Ieqroo
Violentadores fuera de la contienda electoral; las autoridades electorales de Quintana Roo buscaran integrar al padrón de personas sancionadas por violencia política en contra de las mujeres en razón de género a quienes cuenten con sentencia que los acredita como morosos alimentarios con sus familias o que hubieran cometido algún delito de carácter sexual, conocida como 3de3.
María Salomé Medina Montaño, consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), explicó que la meta es impedir que, a partir del próximo proceso electoral, aquellas personas que hayan sido implicadas en tres tipos específicos de delitos no puedan postularse como candidatos.
“Hace unos días, sostuvimos una reunión con el Poder Judicial con el propósito de establecer un convenio de colaboración. La intención es crear un registro que permita verificar quiénes podrían ser infractores alimentarios morosos, así como individuos que hayan cometido delitos de carácter sexual o violencia política de género contra las mujeres.”
Medina Montaño señaló que se busca tener este registro listo para el inicio de las campañas electorales locales, programadas para el 5 de enero.
“Nuestra meta es llegar a esa fecha con el convenio ya establecido, para que los candidatos cuenten con documentos que certifiquen que no tienen antecedentes como infractores ni han cometido delitos contemplados en esta 3de3; no obstante, el convenio de colaboración aún está en proceso de elaboración.”
Violentadores fuera de la contienda electoral y se evitará su postulación.
La consejera destacó que hay entidades que poseen información sobre aquellos declarados culpables de morosidad alimentaria o delitos de carácter sexual.
“En el estado, la Dirección General del Registro Civil lleva el registro de deudores alimentarios morosos por ley, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana gestiona los antecedentes penales relacionados con delitos de agresiones sexuales o incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.”
Medina Montaño añadió que al incluir a los responsables de estos delitos, se ampliaría el registro existente de violencia política de género; el objetivo es evitar la postulación de estas personas como candidatos en el próximo proceso electoral; es decir que quedarán los violentadores fuera de la contienda electoral.
