Esconden contrato de $1,200 MDP por patrullas en Playa del Carmen
Grupo Turbofin SAPI de CV, empresa de Aby Lijtszain Chernizky y Bernardo Lijtszain Bimstein, se habría llevado el jugoso contrato, pese a ser señalada por la ASF en el caso SELGAMEX.
Recientemente con bombos y platillos, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezaron la ceremonia de entrega de 334 vehículos policiales y un helicóptero a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de este municipio, con una inversión histórica de $1,200 millones de pesos; lo extraño, es que el contrato presuntamente firmado con la empresa Grupo Turbofin SAPI de CV, que dirige Eduardo Flegman, permanece en lo oscurito y sin ser revelados públicamente los detalles y alcances del mismo, señalaron fuentes internas.
Según se dio a conocer, el equipamiento busca fortalecer la infraestructura policial para consolidar la estrategia de seguridad en el ayuntamiento. No obstante, ni la gobernadora ni la presidenta municipal dieron a conocer el nombre de la empresa adjudicada y los detalles de la contratación. Además, en una revisión de los portales de transparencia, no se encontró registro alguno de la asignación.
Turbofin, propiedad de propiedad de Aby Lijtszain Chernizky y Bernardo Lijtszain Bimstein, también dueños de Traxión, se vio envuelta en polémica tras denunciarse, en marzo pasado, presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de más de 27 millones de pesos para la renta de vehículos al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
EMPRESA CON BUENA ESTRELLA
En los últimos años Turbofin ha conseguido contratos públicos por unos 2 mil millones de pesos con los estados y ayuntamientos del país, entre ellos Ensenada y Tijuana en Baja California, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, el municipio de Aguascalientes, Ciudad Juárez en Chihuahua, Tepic, la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango.
Ejemplo de estos contratos son: SPP-398-2023, firmado el 12/10/2023 con el Ayuntamiento de Monterrey, cuando era presidido por Luis Donaldo Colosio Riojas, por un monto de $765,734,411.50 pesos; la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, dirigida en ese entonces por Ernestina Godoy Ramos, le asignó a Grupo Turbofin el contrato FGJCDMX-099/2023, por un monto de $760,006,294.40 pesos; otro, el ADQ-2024-LP-009, firmado el 20/03/2024 con el Ayuntamiento de Tijuana, presidido entonces por la morenista Montserrat Caballero Ramírez, fue por un monto de $116,928,071.72 pesos; por último, se destaca por monto otro contrato firmado con el municipio de Monterrey, Nuevo León, ya presidido por Betsabé Rocha Nieto, sustituta de Colosio Muerrieta, por $106,799,084.20 pesos.
Adicionalmente, en este 2025, a nivel federal ha obtenido tres asignaciones: con el Indaabin se quedó con un contrato por invitación restringida de 2.9 millones de pesos para el arrendamiento de transporte vehicular; la Secretaría de Turismo le entregó una adjudicación directa por 487 mil pesos y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa un fallo para la renta de vehículos por 8.6 millones de pesos.
Aunque Traxión y la arrendadora Grupo Turbofin son propiedad de los Lijtszain, ésta última no reporta sus actividades a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) donde cotiza desde 2017 Grupo Traxión.
CASO SELGAMEX
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Grupo Turbofin SAPI de CV firmó el contrato número CARR/1391/2020 con LICONSA SA de CV, de la SELGAMEX, donde el área contratante entregó evidencia documental de los servicios devengados por un monto de 89 millones 435.1 pesos y de los servicios pagados por 74 millones 62.4 pesos.
Sin embargo, la ASF encontró varias inconsistencias: en los CFDI números F-1711, F-1719, F-1724, F-1756, F-1819, F-1864, F-1934, F-1999, F- 2063, F-2126 y F-2680 correspondientes al Programa de Abasto Social Campeche, señalan el Centro de Acopio Palizada, y no así el ubicado en Candelaria, en contravención de lo establecido en el contrato número CARR/1391/2020, en su cláusula DÉCIMA OCTAVA. “FACTURACIÓN”, tercer párrafo, inciso e).
Además, en el análisis de la información y documentación proporcionada, se observó́ que no contó con lo siguiente: La carta de apoyo de alcance amplio del fabricante de los equipos en idioma español o con traducción simple al español en los Centros de Acopio Candelaria y Calderón; la Póliza de seguro con cobertura amplia, que incluyera daños materiales que sufran los equipos por la cobertura amplia de todo riesgo, fenómenos hidrometeorológicos, terremotos y robo con o sin violencia vigente en el periodo de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2023; Carta de confidencialidad firmada por el Representante o Apoderado de Grupo Turbofin SAPI de CV, con los Centros de Acopio Candelaria y Granjas Fátima; evidencia documental de la entrega en los Centros de Acopio Candelaria y Álvaro Obregón de la ficha técnica, manuales e instructivos de cada equipo, entre otras.
Además faltó la evidencia documental de la aplicación o cobro por parte de LICONSA al proveedor de las penalizaciones y deducciones por un monto de 4 millones 309.1 pesos, correspondientes a 26 componentes consistentes en ocho espectrómetros de infrarrojo medio o FTIR, ocho crióscopos, cinco parrillas de calentamiento, tres bancos de laboratorio, un baño maría digital, un balanza analítica y un refrigerador para resguardo de muestras y/o reactivos, reportados vía la mesa de ayuda de Grupo Turbofin SAPI de CV, que no fueron reparados o sustituidos en el plazo establecido en el contrato.
Por si fuera poco, la ASF solicitó a Grupo Turbofin SAPI de CV, información legal y administrativa de la empresa, así́ como la documentación de la prestación del servicio objeto del contrato formalizado con LICONSA y vigente en el ejercicio fiscal 2023; al respecto, su Apoderado Legal atendió́ dicho requerimiento y en el análisis se observó́ que el proveedor no proporcionó lo siguiente: Inventario detallado de componentes base del servicio; evidencia documental de la entrega de la memoria técnica anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023, toda vez que únicamente proporcionó los formatos denominados “Acta entrega recepción de punto de equipamiento” y “Formato de resguardo”.
Por esta auditoria forense 2023-2-08VST-23-0235-2024, la ASF determinó en lo general que LICONSA dejo pendiente por aclarar un monto de $45,101,448.38 pesos.
