Pemex y CFE al sector público y bienestar de la población.
En un paso histórico para la soberanía energética de México, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que convierte a Petróleos de México (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en empresas públicas, tras la aprobación de una reforma energética que deja atrás el modelo privatizador instaurado en 2013. La firma del decreto tuvo lugar durante la Mañanera del Pueblo el 30 de octubre, un evento clave que marca un cambio en la estrategia energética del país.
Con esta medida, tanto Pemex como la CFE dejan de ser consideradas “empresas productivas del Estado” para regresar a su función como entidades públicas, operando bajo un modelo de gestión pública en lugar de un enfoque mercantil. Esta transformación responde a la reforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en febrero de este año presentó una iniciativa para devolver al Estado mexicano el control estratégico sobre los recursos energéticos del país.
El Camino hacia el Cambio
La reforma energética fue respaldada por un amplio consenso político, recibiendo la aprobación unánime en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en 22 Congresos estatales el 29 de octubre. Con ello, el gobierno federal dio luz verde a un proceso que se considera crucial para garantizar la soberanía energética de México. La medida será formalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación y representará un paso más en la recuperación de la rectoría del Estado sobre los sectores energéticos.
Un Reverso a la Reforma Energética de 2013
En su discurso, la presidenta Sheinbaum destacó que esta reforma energética es una respuesta directa a los efectos de la reforma energética de 2013, implementada por la administración de Enrique Peña Nieto, que transformó a Pemex y la CFE en empresas privadas con fines mercantiles. Según Sheinbaum, esta reforma había despojado a las dos compañías de su carácter público y estratégico, favoreciendo la privatización y el modelo neoliberal que primaba el interés económico por encima del bienestar de la población.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, recordó cómo la Reforma Energética de 2013 convirtió a Pemex y la CFE en empresas regidas por el derecho mercantil, limitando su capacidad para ofrecer servicios públicos. “Pasaron de ser empresas públicas a privadas, regidas por el derecho mercantil y no por el derecho público. Algo que era un recurso estratégico para la soberanía nacional se volvió una mercancía común”, afirmó González.
Los Nuevos Objetivos para Pemex y la CFE
El gobierno federal, con esta reforma, tiene como objetivo fortalecer los servicios energéticos del país a través de una gestión pública más robusta y alineada con los intereses del pueblo. En este sentido, la presidenta Sheinbaum adelantó que el próximo 6 de noviembre presentará el Plan Nacional de Energía, un documento estratégico que definirá las metas y proyectos que Pemex y la CFE deberán alcanzar en su nueva función como empresas públicas.
El Plan Nacional de Energía, según la presidenta, incluirá las acciones necesarias para garantizar la independencia energética de México, la seguridad en el suministro de electricidad y combustibles, y la satisfacción de las necesidades energéticas del país con un enfoque que priorice el bienestar de la población y el respeto al medio ambiente.
Retorno a la Soberanía Energética
La conversión de Pemex y la CFE en empresas públicas es vista como una restauración de la soberanía energética del país, buscando que los recursos estratégicos como el petróleo y la electricidad sean gestionados en beneficio de todos los mexicanos y no solo de unos pocos actores privados. Este movimiento refleja un giro fundamental en la política energética de México, que tiene la mira puesta en un modelo más justo, accesible y sustentable para las futuras generaciones.
El Plan Nacional de Energía en México ha suscitado un amplio rango de opiniones en medios y entre políticos. Aquí algunos puntos de vista que podrían resonar entre los principales actores:
Sector energético público: Muchos políticos y funcionarios alineados con Morena, incluyendo a los más cercanos al presidente y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, han defendido el plan, destacando su objetivo de fortalecer a Pemex y CFE, reducir la dependencia energética del extranjero, y asegurar la soberanía en este sector.
Economistas y críticos: Algunos columnistas económicos han cuestionado la viabilidad fiscal del proyecto, argumentando que la dependencia del sector energético público podría limitar las inversiones en energías renovables, afectando a largo plazo la transición energética de México.
Oposición y expertos: Políticos de partidos de oposición, así como analistas independientes, destacan que el enfoque en combustibles fósiles y la falta de apertura a la inversión privada podrían poner a México en desventaja en el contexto global, especialmente frente a otros países en transición hacia energías limpias.
Columnistas pro-inversión privada: Algunos columnistas argumentan que limitar la participación privada en la generación de energía podría inhibir el crecimiento de la infraestructura energética y limitar la creación de empleos en el sector, sugiriendo la adopción de un modelo mixto.
Estos puntos de vista reflejan las diversas expectativas y preocupaciones sobre el plan nacional de energía, y cada postura aporta un ángulo particular sobre la dirección que debería tomar el sector.
