Muertes en operativo en Chihuahua abren tensión por coordinación con EUA y respeto a la soberanía
La muerte de cuatro funcionarios —dos mexicanos y dos estadounidenses— durante un operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua no solo desató luto institucional, sino también un nuevo foco de tensión sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que el gobierno federal no tuvo conocimiento previo de la intervención, ejecutada por autoridades estatales. La mandataria informó que ya solicitó explicaciones formales al gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos , ante la posibilidad de que se hayan vulnerado disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
“Estamos pidiendo más información al Gobierno de Chihuahua y estamos en contacto con la embajada de Estados Unidos”, señaló Sheinbaum, quien además subrayó que no existe registro de una operación conjunta autorizada entre autoridades mexicanas y personal estadounidense en ese despliegue.
Dudas sobre coordinación y protocolos
El accidente ocurrió en el contexto de acciones para desmantelar instalaciones clandestinas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, el hecho de que en el operativo participaran —y fallecieran— dos instructores ligados a la Embajada de Estados Unidos ha encendido alertas en torno a los mecanismos de cooperación bilateral.
Sheinbaum fue enfática: la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos se limita al intercambio de información y no contempla operativos directos en territorio nacional sin la intervención del gobierno federal. En ese sentido, advirtió que cualquier acción fuera de ese marco podría constituir una violación a la soberanía mexicana.
Exigencia de claridad al gobierno estatal
La Presidencia demandó un informe detallado sobre la autorización, el diseño y la ejecución del operativo, así como sobre la participación de personal extranjero. Hasta ahora, el gobierno de Chihuahua no ha ofrecido una explicación pública amplia sobre los hechos, lo que ha incrementado la presión política.
El caso también pone bajo escrutinio a la , ya que entre las víctimas mexicanas se encuentra su director, junto con otro mando relevante de la corporación.
Impacto político y diplomático
Además del impacto en materia de seguridad, el incidente tiene implicaciones diplomáticas. El gobierno federal confirmó que mantiene comunicación con la representación estadounidense para atender las consecuencias del accidente, al tiempo que reiteró su disposición a la cooperación, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía.
El episodio ocurre en un momento en que México busca redefinir los términos de su relación en seguridad con Estados Unidos, privilegiando la coordinación institucional y el control federal de las operaciones en territorio nacional.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso podría sentar un precedente sobre los límites legales y políticos de la participación extranjera en acciones contra el crimen organizado en México.
