Minnesota e Illinois demandan al Gobierno de Trump por redadas migratorias
Los estados de Minnesota e Illinois presentaron este lunes demandas independientes contra la administración del presidente Donald Trump, a la que acusan de ejecutar una ofensiva migratoria que estaría violando la Constitución de Estados Unidos y sembrando el temor entre comunidades enteras.
Ambas querellas señalan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a su secretaria Kristi Noem y a varias agencias federales —incluidas ICE, la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza— como responsables de una serie de operativos considerados excesivos, arbitrarios y peligrosos.
Chicago, así como las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, también figuran como demandantes.
Redadas masivas en bastiones demócratas
Desde septiembre, el Gobierno federal ha incrementado de manera significativa la presencia de agentes migratorios en Chicago y en las llamadas Ciudades Gemelas de Minnesota, dos regiones gobernadas por demócratas y con políticas de “santuario”.
Funcionarios estatales y municipales aseguran que estas acciones no buscan simplemente aplicar la ley, sino presionar políticamente a gobiernos locales que limitan su cooperación con autoridades migratorias federales.
La tensión aumentó la semana pasada tras un operativo de ICE en Minneapolis que terminó con la muerte de una madre de tres hijos, hecho que desató protestas en varias partes del país.
Estados buscan frenar las operaciones
Minnesota e Illinois solicitaron a los tribunales una orden judicial que obligue al Gobierno federal a detener las operaciones migratorias actuales dentro de sus territorios.
Ambos estados invocan la Décima Enmienda de la Constitución, alegando que Washington ha interferido ilegalmente en funciones estatales y ha utilizado recursos locales —incluida la policía— para ejecutar una política federal.
En el caso de Minnesota, la demanda subraya que los departamentos de policía de Minneapolis y Saint Paul han tenido que desviar agentes de sus tareas habituales para responder a incidentes relacionados con las redadas, debilitando la seguridad comunitaria.
Una presencia federal sin precedentes
Según datos citados en la demanda de Minnesota, alrededor de 2.000 agentes federales estaban desplegados recientemente en Minneapolis, una cifra superior al número total de policías locales de ambas ciudades.
El documento señala que la policía municipal ha acumulado miles de horas extra, lo que ha costado a la ciudad más de dos millones de dólares en pagos adicionales.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, calificó el despliegue de agentes “armados, enmascarados y mal entrenados” como una “invasión federal”.
Acusaciones de represalias políticas
Las demandas sostienen que las operaciones no responden a criterios legítimos de seguridad pública, sino a un intento de castigar a estados y ciudades gobernados por demócratas.
Minnesota afirma que la llamada Operación Metro Surge fue diseñada como una represalia política, mientras que Illinois acusa a la Casa Blanca de dirigir desde hace tiempo mensajes amenazantes contra las jurisdicciones con políticas de santuario.
La respuesta del Gobierno federal
El DHS rechazó las acusaciones. La subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que el Gobierno actúa dentro de la ley y que el aumento de agentes se debe a que Illinois y Minnesota no estarían protegiendo adecuadamente a sus ciudadanos.
También defendió la retención de fondos federales para programas sociales, señalando que se aplicó por presuntos casos de fraude y por el incumplimiento de leyes federales.
Tácticas denunciadas como ilegales y violentas
Las demandas describen un patrón de operativos que incluyen patrullajes aleatorios, escaneo biométrico, detenciones sin orden judicial y allanamientos a propiedades privadas.
En Illinois y Chicago, las autoridades aseguran que los agentes federales han usado gas lacrimógeno y armamento antidisturbios contra personas que no ofrecían resistencia, generando pánico entre residentes de todos los estatus migratorios.
Muerte, protestas y denuncias de racismo
Minnesota también documenta que, pocas horas después del tiroteo que mató a Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, agentes federales continuaron realizando redadas y dispersaron protestas con gas pimienta y maniobras vehiculares agresivas.
Además, la demanda denuncia discriminación racial sistemática, especialmente contra comunidades somalíes e hispanas. Uno de los casos citados es el de Mubashir, un ciudadano estadounidense de origen somalí, quien fue detenido durante dos horas por agentes enmascarados pese a intentar mostrar su identificación legal.
Operativos en escuelas y hospitales
Ambos estados afirman que el DHS ha abandonado políticas históricas que prohibían operativos migratorios en lugares sensibles como escuelas, hospitales y espacios públicos protegidos.
En Minnesota, la denuncia acusa a miles de agentes de llevar a cabo redadas “militarizadas” en estos sitios, lo que ha generado miedo generalizado entre la población.
Un conflicto que no tiene fin a la vista
Las autoridades estatales advierten que el Gobierno federal no muestra señales de retirarse. En Chicago, el jefe de CBP, Gregory Bovino, declaró recientemente que la presencia federal podría durar años.
Mientras tanto, una publicación del DHS citada en la demanda de Minnesota dejó clara la postura oficial: “No nos iremos hasta que se resuelva el problema”.
Para Minnesota e Illinois, ese mensaje confirma que la batalla legal apenas comienza.
