México escala defensa legal por muertes de migrantes detenidos
SRE activa denuncias, acciones civiles y gestiones internacionales para exigir justicia por fallecimientos de mexicanos bajo custodia del ICE.
El Gobierno de México elevó su estrategia jurídica y diplomática para exigir el esclarecimiento de las muertes de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, al poner en marcha una serie de acciones legales e internacionales dirigidas a garantizar justicia y evitar nuevas violaciones a los derechos humanos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en seguimiento a las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, inició un proceso integral que contempla denuncias penales, acciones civiles y la intervención de organismos internacionales para investigar las circunstancias en las que fallecieron connacionales en centros de detención estadounidenses.
Como primera medida, y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobierno mexicano presentará una denuncia formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El documento será entregado por conducto de la Embajada de México en Washington con el propósito de que las autoridades federales estadounidenses investiguen los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.
De manera paralela, la red consular mexicana y la Embajada en Estados Unidos comenzaron la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, buscando que cada caso sea investigado conforme a la jurisdicción donde ocurrieron los fallecimientos.
La estrategia también incorpora acciones civiles inéditas mediante el envío de escritos de “cese y desistimiento” a los centros de detención donde se registraron las muertes. El primer documento fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro personas mexicanas.
En dichos escritos, la Cancillería exige que cesen inmediatamente las prácticas y omisiones que habrían contribuido a las defunciones, entre ellas la falta de atención médica oportuna y la aplicación de procedimientos considerados incompatibles con estándares internacionales en materia médica y penitenciaria. Además, estos recursos representan el primer paso para promover futuras demandas civiles.
Como parte de la ofensiva diplomática, el titular de la SRE envió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitando la revisión del caso. México pidió que la ONU obtenga información de las autoridades estadounidenses, evalúe si existieron violaciones a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, en su caso, emita recomendaciones y remita el expediente a los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
La Cancillería precisó que todas estas medidas forman parte de la etapa de investigación, requisito previo para emprender las acciones judiciales que correspondan conforme al derecho mexicano, estadounidense e internacional.
Finalmente, la SRE reiteró que mantendrá el acompañamiento permanente a las familias de las víctimas mediante la red consular y aseguró que el Gobierno de México continuará utilizando todos los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior y exigir que estos hechos no queden impunes.
