Medios, madeja de corrupción
Los medios en México aseguran que la población en México está dividida. La proporción de esa división nunca la dan a conocer, porque para ellos la división se basa en que la oposición es un contrapeso del poder, lo cual fortalece nuestra democracia, pero no por eso la división es equitativa.
Algunos columnistas hablan de opiniones divididas respecto a la aprobación de la Presidenta, a pesar de que cuenta con un promedio de 80 por ciento de aceptación, claro, en una proporción de 80 y 20 no puede negarse una división, desproporcionada pero división al fin y al cabo.
Sólo a partir de intereses personales puede hablarse de una división en igualdad de circunstancias cualitativas y cuantitativas, aunque debe aclararse que se falta a la verdad, porque división no implica dos grupos enfrentados con igual número de integrantes, como quieren hacerlo ver mañosamente algunos comentadores de la derecha, nostálgicos del chayote y discretos practicantes de la ignorancia supina.
La oposición inspirada en la mentira de los medios ahora quiere discutir con los grupos parlamentarios mayoritarios, incluso con el propio poder, de igual a igual las decisiones importantes que corresponden al gobierno.
Dichas conclusiones podrían ser enriquecedoras si la oposición no fuera tan débil y su intención tan poco afortunada, ya que sólo quiere descarrilar el gobierno, como si se tratara de un tren que al perder la línea de los rieles fuera a otorgarle el poder a la oposición.
La poca fuerza social que tiene la oposición se convierte en una herramienta de sabotaje ante la imposibilidad de triunfar en las urnas por su derecho a discutir los problemas sustanciales del país.
Las atribuciones de un gobierno no pueden compartirse en su totalidad en nombre de la transparencia o de la democracia. No existe poder alguno que comparta sus decisiones o se deje influir por una oposición famélica y con intenciones de irrumpir en la vida política de un país de manera ilegal.
La alfombra que colocan los medios a la oposición para hacerla ver como partido mayoritario o parte sustancial del gobierno, echa abajo la decisión popular, al colocar como interlocutores obligados por la presión de los medios, en nombramientos y disposiciones, a los que sólo el gobierno tiene derecho.
Los medios se comportan como si la oposición estuviera en el poder, otorga más espacios a la oposición delirante que al partido en el poder que está obligado a ser congruente con la realidad en su trabajo diario.
La división de opiniones es un llamado al equilibrio inexistente, que termina por confundir a la ciudadanía y hacer ver autoritaria la administración pública ante la imposición del criterio de la proporción mayoritaria, que en toda democracia debe prevalecer.
Este es uno de los factores que debe tomarse en cuenta porque se trata de un intento desestabilizador en la reforma electoral, y toda propuesta del poder Ejecutivo, y como instancia autorizada para hacerlo su proceso natural radica en escoger una cámara de donde salga la iniciativa, para que la otra sea la que reciba la iniciativa como el resultado de los debates iniciales.
Sin embargo, en el caso de la reforma electoral, la presidenta creó un grupo intermedio de discusión a la que fueron convocados representantes de la sociedad organizada, y en cuyos debates quieren colarse los ex burócratas del INE, quienes alguna vez fueron consejeros electorales.
La conformación de la estructura de la comisión es encabezada por personajes asignadas por el Ejecutivo, quienes no tienen la obligación de otorgar espacios a la oposición dentro de su estructura, aunque tengan la obligación moral, de tomar en cuenta las opiniones de todas las instancias que participen.
Es decir, el debate sobre una ley que se imponía desde el Ejecutivo y se acataba sin cambios por el legislativo, ahora tiene debates previos que convierten la iniciativa en producto de una participación horizontal en la sociedad.
La novedad democrática, en lugar de ser recibida como una manera de abrir espacios a la población e incluirse en todas las mesas, la oposición exige influir directamente en la propuesta inicial como si fueran quienes la pensaron y estructuraron, con el pretexto de que una iniciativa de nueva ley electoral debe ser propuesta sólo por la sociedad, lo cual no está asentado en ninguna ley, sólo en su desesperación ante el fin de su larga agonía.
