Las reglas del poder
En un plazo aproximado de tres meses, el partido gobernante llevará al espacio público su proyecto de reforma electoral. El anuncio anticipa una modificación profunda del andamiaje institucional que regula la competencia política.
La iniciativa rebasa el terreno técnico y se inserta en una estrategia de reorganización del poder, orientada a redefinir las condiciones de acceso, permanencia y control dentro del sistema democrático mexicano.
La conducción del proyecto se realiza desde el Ejecutivo federal. Pablo Gómez encabeza los trabajos, respaldado por una trayectoria vinculada a la izquierda histórica y a la crítica del autoritarismo del pasado. Sin embargo, el contenido que se perfila responde a una lógica distinta: la del fortalecimiento estructural del actor dominante.
El sistema electoral vigente, con financiamiento público y representación proporcional, permite la convivencia de mayorías y minorías, así como la alternancia. Ese diseño, fruto de décadas de negociación política, aparece ahora como un obstáculo para un proyecto que busca continuidad y estabilidad bajo una misma fuerza.
El discurso que acompaña la reforma apela a la austeridad, a la simplificación administrativa y a la supuesta desconexión entre representantes y ciudadanía. Bajo esa narrativa se plantea la reducción de recursos a los partidos, el replanteamiento de las diputaciones plurinominales y la transformación de los órganos electorales. El efecto previsible consiste en una redistribución asimétrica de ventajas, donde el partido con mayor implantación territorial y mayor acceso al poder ejecutivo amplía su margen de maniobra, mientras las fuerzas opositoras enfrentan mayores restricciones operativas.
La viabilidad de la reforma, sin embargo, depende de un factor decisivo: la aritmética legislativa. El proyecto requiere de manera indispensable el respaldo del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano. Sin esas fuerzas, la modificación constitucional resulta inviable. Este dato introduce un elemento de negociación que matiza la pretensión de unilateralidad y coloca a los partidos aliados en una posición de influencia estratégica.
Para el PT y el Verde, el dilema es evidente. Su presencia institucional se apoya en los mecanismos que ahora se encuentran en discusión. La representación proporcional y el financiamiento público constituyen pilares de su supervivencia política. Acompañan al bloque gobernante en la agenda general, aunque evalúan con cuidado una reforma que podría reducir su capacidad de incidencia y su peso parlamentario en el mediano plazo. La lealtad política convive con el instinto de conservación.
Movimiento Ciudadano se mueve en un registro distinto. Su crecimiento reciente y su estrategia de autonomía frente a los bloques tradicionales le otorgan un papel de bisagra. Su eventual respaldo o rechazo definirá el alcance real de la reforma y marcará su lugar dentro del sistema político que emerja tras el rediseño electoral.
La oposición tradicional llega a este debate con debilidad estructural y fragmentación discursiva. Carece de una narrativa pedagógica capaz de explicar la función democrática de la representación proporcional como mecanismo de inclusión y equilibrio. Esta ausencia facilita que el debate público se reduzca a consignas morales y cálculos presupuestales, dejando de lado la discusión sobre la calidad del régimen democrático.
En su núcleo, la reforma expresa una concepción del poder orientada a su concentración progresiva. La disminución de contrapesos, la homogeneización de la representación y el endurecimiento de las condiciones de acceso forman parte de un proyecto de institucionalización del dominio político. La democracia se conserva como procedimiento electoral, mientras el pluralismo se redefine dentro de márgenes cada vez más estrechos.
Las transformaciones de este tipo rara vez se presentan como rupturas abiertas. Avanzan mediante ajustes graduales, legitimados por discursos de eficiencia y orden. Cuando las reglas se diseñan desde el poder para el poder, el sistema deja de ser un pacto entre fuerzas diversas y se convierte en un mecanismo de reproducción política. En ese tránsito, la competencia persiste como forma, mientras el poder consolida su permanencia como objetivo central.
Tiempo al tiempo.
