La trampa del bienestar

No fue un grupo clandestino ni una sofisticada red de delincuencia informática la que puso en entredicho el proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Bastó un teléfono celular, una cuenta en TikTok o Instagram y una desmedida necesidad de reconocimiento para exhibir uno de los episodios más vergonzosos de la educación superior mexicana. Decenas, quizá cientos de aspirantes decidieron documentar y publicar la manera en que burlaron el examen de ingreso.

 

Algunos presumieron el uso de inteligencia artificial; otros mostraron cómo recibían respuestas desde el exterior o manipulaban los mecanismos de vigilancia. La trampa dejó de esconderse. Se volvió contenido.

 

Ese detalle modifica por completo la dimensión del problema. El fraude siempre ha existido, pero históricamente quien hacía trampa procuraba ocultarla porque sabía que era moralmente reprobable.

 

En esta ocasión ocurrió exactamente lo contrario: los responsables buscaron audiencia, aprobación y miles de reproducciones. La deshonestidad dejó de provocar vergüenza para convertirse en un acto digno de compartirse. Esa transformación cultural resulta mucho más preocupante que cualquier falla tecnológica del examen.

 

La reacción de la UNAM tampoco será sencilla. La institución enfrenta una decisión que marcará un precedente. Si invalida resultados, cancela ingresos y sanciona a quienes participaron en el fraude, enfrentará recursos legales, protestas y el inevitable discurso de quienes hablarán de persecución o excesos. Si decide minimizar el problema para evitar un conflicto político o administrativo, el costo será todavía mayor: la pérdida de confianza en uno de los pocos mecanismos de movilidad social que aún descansan, al menos en teoría, sobre el mérito académico.

 

Porque el examen de admisión no es solamente una evaluación. Es un pacto de confianza entre la institución y quienes aspiran a formar parte de ella. Miles de jóvenes pasan meses preparándose, sacrifican fines de semana, pagan cursos, renuncian a actividades personales y depositan en unas cuantas horas de examen buena parte de sus expectativas de vida. Esa competencia sólo tiene sentido si todos participan bajo las mismas reglas.

 

Cada lugar obtenido mediante el engaño representa otro que fue arrebatado a un estudiante que sí decidió competir limpiamente. Detrás de cada video viral existe un aspirante rechazado que probablemente nunca sabrá que perdió su oportunidad porque alguien prefirió copiar antes que estudiar. Esa es la verdadera dimensión del daño.

 

Desde luego aparecerán quienes intenten justificar lo ocurrido. Que el examen favorece a unos sectores sobre otros. Que existen desigualdades educativas. Que el sistema es injusto. Todas esas afirmaciones pueden discutirse y, en muchos casos, contener una parte de verdad. Sin embargo, ninguna convierte al fraude en un acto legítimo. Combatir una injusticia mediante otra jamás ha producido instituciones más sólidas.

 

Lo verdaderamente inquietante es que el fenómeno parece responder a una lógica cada vez más extendida en la vida pública mexicana: la idea de que el resultado importa mucho más que el procedimiento. Llegar primero vale más que llegar correctamente. Ganar sustituye al mérito. Obtener el beneficio desplaza cualquier consideración ética sobre la forma de conseguirlo.

 

Bajo esa lógica, copiar en un examen, alterar documentos, plagiar una tesis o manipular una licitación terminan formando parte del mismo universo moral: el de quienes consideran que las reglas sólo obligan a los demás.

 

Durante años se habló del combate a la corrupción como si fuera un problema exclusivo de gobernantes y funcionarios públicos.

 

Sin embargo, la corrupción nunca nace en un escritorio oficial. Se construye mucho antes, cuando una sociedad comienza a normalizar pequeñas transgresiones cotidianas.

 

El estudiante que copia sin consecuencias, el profesionista que falsifica un documento, el empresario que evade impuestos o el servidor público que desvía recursos pertenecen a la misma cadena de deterioro ético. Cambian las cantidades, pero no la lógica.

 

Resulta especialmente paradójico que esta generación haya crecido escuchando discursos permanentes sobre valores, inclusión, bienestar y justicia social, mientras al mismo tiempo encuentra perfectamente aceptable vulnerar las reglas cuando éstas representan un obstáculo para alcanzar sus objetivos. El lenguaje de los derechos ha desplazado, en demasiadas ocasiones, la conversación sobre las obligaciones. Se exige la oportunidad, pero se relativiza el esfuerzo necesario para merecerla.

 

La UNAM no enfrenta únicamente un desafío administrativo. Enfrenta una prueba histórica sobre el significado mismo de la educación pública. Si la máxima casa de estudios tolera que el fraude sea la puerta de entrada, enviará un mensaje devastador para las futuras generaciones: que la inteligencia puede sustituirse por la astucia y que la honestidad terminó siendo una virtud prescindible.

 

Quizá la discusión más importante no sea cuántos aspirantes hicieron trampa ni qué sanciones recibirán. La verdadera pregunta es otra: ¿en qué momento dejamos de formar ciudadanos convencidos de que el mérito era motivo de orgullo para comenzar a celebrar al que encuentra el atajo?

 

Porque cuando una sociedad convierte el engaño en espectáculo y el esfuerzo en ingenuidad, el problema ya no está en el examen de admisión. El problema está frente al espejo.

 

Tiempo al tiempo.