La soberanía nacional y la traición a la patria, según quién. Siguen las protestas de los trabajadores del IMSS y de otros sectores. Más deuda externa.

Bien valdría la pena saber qué espera el gobierno de México sobre la próxima elección en los Estados Unidos, pues la administración de Donald Trump ha hecho lo que ha querido con Claudia Sheinbaum Pardo: Se burla de ella, le impone a cada rato nuevas medidas arancelarias, se queja de que nuestro país es gobernado por los narcos que hacen lo que quieren, expulsa a miles de indocumentados mexicanos y de otras nacionalidades a nuestro territorio y ha dado carta abierta al ICE para que detenga y asesine a quien considere un ilegal y tampoco ha podido frenar el ingreso del fentanilo ni mucho menos el tráfico de armas desde su país hacia el nuestro.

 

Y es que, desde hace varios meses, Claudia Sheinbaum Pardo, trae en su boca, el discurso de defensa de la soberanía, pero no frena de tajo, el tráfico y el dinero ilegal — pues no paga impuestos — que genera el llamado huachicol que tiene prácticamente en la quiebra a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ni tampoco ha emprendido una verdadera cacería de los responsables, entre los que se encuentran los hijos del propio López Obrador.

 

Pero ahora, la defensa de la soberanía se está aplicando a los opositores, bajo el argumento de traición a la patria. Hoy son los trabajadores de la salud, esencialmente el del IMSS los que llenan no solo las calles y plazas, sino también los noticiarios de la TV y la Radio, las primeras planas de los medios impresos, videos e imágenes en redes sociales. Su reclamo no es solamente un aumento salarial sino sus precarias, agobiantes e indignas condiciones de trabajo, sin los mínimos insumos y equipos, instrumentos esenciales.

 

A todo esto, se han venido sumando camioneros, agricultores y ganaderos, magistrados, jueces y trabajadores del sector Judicial que salieron a reclamar el pago de sus liquidaciones; madres buscadoras, grupos que reclaman atención a desaparecidos; de sectores importantes de comunicadores, y otros muchos que ven que sus reformas legislativas son para ejercer la censura a sus reclamos.

 

Y todas estas quejas solamente han recibido el desdén presidencial en las mañaneras. Incluso cárcel a quienes realicen memes o aquellos que de acuerdo al régimen se salgan de los lineamientos del llamado derecho de las audiencias y que de acuerdo a expertos y organismos nacionales e internacionales van directo a la censura de la opinión pública, la libertad de expresión y del humor de comediantes y así decenas de otros movimientos de inconformidad y reclamo social como los de quienes dentro de su propio partido y movimiento, alianza político-electoral -especialmente pertenecientes al PT- enfrentan hoy la fractura interna por el avasallamiento de parte de la cúpula de Morena en el reparto de posiciones electorales. Y además por la abierta incapacidad para gobernar.

 

Ahora, además de la censura, viene la acusación de traición a la patria, como ocurrió en enero de 1945, cuando la entonces Procuraduría General de la República ordenó la detención de tres diputados federales: Carlos A. Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre.

 

Los legisladores fueron acusados de falsificación de documentos, traición a la patria y faltas a sus responsabilidades como servidores públicos, dentro de un caso relacionado con permisos para trabajadores mexicanos que buscaban empleo en Estados Unidos. Madrazo permaneció encarcelado en Lecumberri, aunque posteriormente los señalamientos fueron desestimados. El episodio quedó registrado como uno de los casos de utilización de acusaciones penales contra integrantes de la clase política durante el siglo XX.

 

En agosto de 2024, la fiscalía general de la República anunció una investigación por traición a la patria relacionada con el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. La investigación apuntó contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y traslado del líder criminal a territorio estadounidense.

 

En octubre de ese año, la FGR confirmó que había solicitado una orden de aprehensión por secuestro y traición a la patria, pero el juez federal no la concedió y el Ministerio Público retiró la solicitud. Por lo tanto, aunque existió una acusación ministerial documentada, no se concretó una orden de captura por esos delitos en aquel procedimiento.

 

El caso más reciente corresponde a César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, detenido el 17 de octubre pasado, en el marco de las investigaciones por la presunta participación irregular de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un laboratorio clandestino.

 

De acuerdo con la FGR, el exfuncionario habría permitido que personal extranjero participara directamente en actividades de seguridad dentro del territorio mexicano sin las autorizaciones correspondientes. La Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión federal por hechos que podrían constituir traición a la patria, la cual fue ejecutada el 18 de octubre.

 

Actualmente, el artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de prisión y multas de hasta 50 mil pesos para los mexicanos que cometan conductas tipificadas como traición a la patria. Entre ellas se encuentran determinados actos de colaboración con gobiernos extranjeros contra la soberanía nacional, así como privar ilegalmente de la libertad a una persona para entregarla a autoridades de otro país.

 

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en 1867, después de la caída del Segundo Imperio Mexicano. Los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron sometidos a un tribunal militar por su participación en el régimen encabezado por Maximiliano de Habsburgo y acusados de traición a la patria. Ambos fueron condenados a muerte y fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto con Maximiliano, quien enfrentó cargos relacionados con delitos contra la nación y usurpación.

 

Como dice mi hermano Emilio: “Vicente Guerrero dice en 1815: “La Patria es Primero”. En 1831 lo fusilan en Cuilapam, Oaxaca, acusado de traición a la patria, por un juicio sumario montado por el gobierno de Anastasio Bustamante y la traición de Picaluga. El que inventó la frase es el primer condenado. “En México desde 1831: si dices ‘La Patria es Primero’, prepárate para que la patria te fusile primero.”

 

Por cierto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rompió el silencio sobre la detención y traslado al penal del Altiplano de su exfiscal General, César Jáuregui Moreno. La panista afirmó que fue su propio gobierno el que ordenó investigar el operativo del pasado 24 de abril en El Pinal, Morelos, donde murieron dos agentes de la CIA y dos elementos estatales tras el desmantelamiento de un narco laboratorio.

 

Campos explicó que un día después de reunirse con el secretario de Seguridad Pública federal, ordenó la creación de una unidad especializada en la fiscalía general del Estado con el mandato expreso de investigar y analizar la posible comisión de delitos o faltas graves por parte de servidores públicos.

 

Defendió que la cooperación con autoridades de otros países “es legítima y muy necesaria, pero debe darse con apego a la ley” y a través de conductos institucionales, como se hacía con otras secretarías del gabinete de seguridad.

 

Sobre la acusación federal por traición a la patria, señaló que la fiscalía general de la República (FGR) judicializó una causa distinta en el ámbito de su competencia y aseguró que Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información que requiera la federación.

 

¡Aguas! La defensa de la soberanía anda suelta…