La ruta del poder total
La discusión pública en México ha dejado de girar en torno a la alternancia democrática para centrarse en una pregunta más incómoda: ¿qué ocurre cuando un proyecto político logra ocupar todos los espacios del poder sin contrapesos efectivos?
La respuesta, en la lógica de los hechos recientes, parece estar escribiéndose en tiempo real.
La llamada Cuarta Transformación ha consolidado una arquitectura institucional que, pieza por pieza, reconfigura el sistema político mexicano. El Poder Legislativo opera con una mayoría reforzada por la sobre representación derivada de la última distribución de curules, lo que ha permitido al bloque oficialista aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociación sustantiva con la oposición.
El Poder Judicial, por su parte, ha transitado por una transformación profunda con la elección popular de juzgadores, un experimento sin precedentes en el mundo que, según diversos análisis académicos recientes, abrió la puerta a dinámicas de movilización política directa sobre la impartición de justicia.
A ello se suma un fenómeno que ha encendido alertas en sectores del análisis institucional: las llamadas “listas de orientación electoral” o “acordeones”, que en la elección judicial de 2025 mostraron coincidencias superiores al 80% entre los resultados y los nombres distribuidos en dichos materiales, lo que llevó a consejeros del propio INE a hablar de una “defraudación monumental” en el proceso.
En paralelo, el Instituto Nacional Electoral, último bastión de arbitraje electoral autónomo, ha atravesado una reconfiguración interna que sus críticos interpretan como una progresiva alineación con el bloque gobernante. La reciente designación de nuevos consejeros impulsada desde el Congreso —sin el consenso de la oposición— ha sido leída como un punto de inflexión en la autonomía del organismo.
El cuadro se completa con la desaparición o debilitamiento de diversos organismos constitucionalmente autónomos, integrados o subordinados a estructuras del Ejecutivo, bajo el argumento de simplificación administrativa y racionalidad presupuestal.
No se trata de una sola decisión, sino de una secuencia. Y en política, la secuencia importa más que el evento aislado.
El resultado es un modelo de concentración institucional que, sin necesidad de declararse explícitamente, comienza a parecerse estructuralmente a lo que México creyó haber superado: un sistema de partido dominante con control coordinado de los tres poderes del Estado y de los órganos reguladores.
La historia mexicana ofrece un espejo incómodo. Durante buena parte del siglo XX, el PRI no solo fue un partido hegemónico, sino el eje articulador del Estado mismo. La diferencia con aquel modelo era su capacidad de negociación interna, su sistema de equilibrios informales y su red de contrapesos dentro del propio régimen.
Lo que se observa hoy es distinto: una centralización más directa, menos mediada, más institucionalizada en su diseño legal y, por ello, más difícil de revertir por vías ordinarias.
La pregunta de fondo no es jurídica, sino política: ¿puede existir democracia plena sin contrapesos efectivos, incluso si todos los cambios provienen de mayorías legales y procedimientos formales?
La respuesta clásica del constitucionalismo es clara: la legalidad no sustituye a la pluralidad. El problema es que la política contemporánea no siempre respeta los manuales del constitucionalismo clásico.
En ese contexto, la consolidación del poder deja de ser una suma de reformas y se convierte en un cambio de régimen por acumulación. No hay un momento fundacional, sino una serie de ajustes graduales que, vistos en retrospectiva, dibujan una transformación estructural.
México se encuentra en ese punto de observación incómoda: el de un sistema que aún conserva formas democráticas, pero que reconfigura sus equilibrios internos hacia una lógica de centralización progresiva del poder político.
Tiempo al tiempo.
