La patria, ese conveniente delito
Hay delitos que se persiguen con expedientes y otros que, por la oportunidad en que aparecen, obligan a mirar más allá de los códigos. La detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, bajo la acusación federal de traición a la patria, abre una pregunta que la política mexicana conoce demasiado bien: ¿dónde termina la procuración de justicia y dónde comienzan los ajustes de cuentas entre quienes ejercen el poder?
El caso tiene suficientes aristas para desconfiar de las explicaciones fáciles. Jáuregui fue detenido después de que la Fiscalía de Chihuahua lo señalara por presuntas irregularidades en el operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, donde se reportó la participación de agentes estadounidenses. La Fiscalía General de la República añadió la acusación de traición a la patria, relacionada con esa intervención extranjera.
La defensa sostiene que no existen pruebas contundentes que acrediten la responsabilidad directa del exfiscal. La última palabra corresponde a los tribunales, aunque la política ya comenzó a dictar sus propias sentencias.
Porque una cosa es investigar la posible participación irregular de agentes de la CIA en territorio mexicano, un asunto delicado para la soberanía nacional, y otra muy distinta es explicar por qué la respuesta institucional termina concentrada en un solo funcionario mientras la cadena de decisiones sigue bajo escrutinio. Si hubo autorizaciones, omisiones, instrucciones o conocimiento previo, la investigación tendría que alcanzar a todos los involucrados, sin importar partido, cargo o cercanía con el poder.
La palabra “traición” tiene un peso enorme en la historia política mexicana. No es una etiqueta menor que pueda arrojarse sobre un adversario para resolver una disputa administrativa. La soberanía merece una defensa seria, con pruebas, responsabilidades individualizadas y resoluciones judiciales. Precisamente por eso, la acusación debe sostenerse en hechos verificables y no en la espectacularidad de un delito que, por su gravedad, puede convertirse en una herramienta de presión política si se utiliza sin sustento suficiente.
Conviene aclararlo: la traición a la patria no es un delito inventado por Morena; existe en la legislación mexicana desde mucho antes del actual gobierno. Lo que debe examinarse es si su aplicación al caso Jáuregui está jurídicamente justificada. La crítica no necesita deformar la ley para resultar contundente. Basta con exigir que se demuestre, sin propaganda ni consignas, aquello que la autoridad afirma.
Pero el expediente judicial no es la única historia.
Durante años, César Jáuregui fue un hombre cercano a María Eugenia Campos. Compartieron trayectoria política, responsabilidades públicas y una relación que lo llevó a ocupar posiciones centrales en el gobierno de Chihuahua. Después vino el distanciamiento. En la disputa por la sucesión estatal, la gobernadora respaldó políticamente a Marco Bonilla, alcalde de la capital, mientras Jáuregui comenzó a perfilarse como una figura con aspiraciones propias. El exfiscal también buscaba competir por la presidencia municipal de Chihuahua en 2027.
Ese detalle cambia la perspectiva. Un funcionario que conoce las entrañas del gobierno, que ha participado en sus decisiones y que pretende construir un proyecto político propio puede convertirse en un adversario incómodo cuando deja de ser parte del equipo. No demuestra que exista una persecución, pero obliga a preguntar si la ruptura política tuvo alguna influencia en la velocidad, el alcance o la oportunidad de las actuaciones en su contra.
La política suele ser más eficiente cuando consigue que sus conflictos parezcan asuntos exclusivamente jurídicos. El adversario deja de ser un rival y se convierte en imputado; la disputa interna desaparece de los titulares y queda sepultada bajo el lenguaje de los expedientes. Para saber si eso ocurrió en Chihuahua habrá que conocer las pruebas, reconstruir las decisiones y establecer quién sabía qué, cuándo lo supo y qué hizo al respecto.
Y entonces aparece la pregunta más incómoda: ¿pudo existir algún entendimiento político entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos para contener las consecuencias del escándalo y concentrar la responsabilidad en Jáuregui?
No hay pruebas públicas suficientes para afirmar que ese pacto exista. La presidenta ha negado haber acordado con la gobernadora la detención del exfiscal y ha sostenido que corresponde a la Fiscalía determinar las responsabilidades. Pero una negativa presidencial tampoco sustituye la transparencia que exige un caso de esta magnitud. Si no hubo acuerdo, las instituciones tienen la oportunidad de demostrarlo con actuaciones claras, criterios consistentes y una investigación que no se detenga donde comienzan las conveniencias políticas.
La hipótesis merece examinarse por una razón elemental: el escándalo compromete a dos gobiernos de distinto partido, exhibe tensiones sobre la cooperación con autoridades estadounidenses y coloca a la gobernadora en una posición políticamente delicada. Un desenlace que aislara la responsabilidad en el exfiscal podría reducir el costo para otros actores. Que ese resultado resulte conveniente para alguien, sin embargo, no demuestra que haya sido pactado.
En Morena también se libra una disputa por el futuro de Chihuahua. Las aspiraciones de Andrea Chávez, identificada políticamente con Adán Augusto López, forman parte de las tensiones sucesorias que atraviesan al oficialismo. La pregunta es si los movimientos alrededor del caso Jáuregui podrían alterar ese tablero y favorecer determinados proyectos, dentro y fuera de Morena. No hay elementos suficientes para sostener que la detención tenga como propósito sacar del camino a la senadora ni para atribuirle a ella un papel en una eventual negociación. Pero tampoco sería periodísticamente responsable ignorar las consecuencias políticas de una investigación que estalla en plena reconfiguración de las candidaturas para 2027.
Hay una diferencia entre probar una conspiración y reconocer que existen intereses en juego. La primera exige evidencias; la segunda forma parte de cualquier análisis serio del poder.
Por eso, la exigencia debe ser la misma para todos: que se conozca el expediente, que se precise qué autorizó Jáuregui, qué participación tuvieron los funcionarios estatales y federales, qué sabían las autoridades superiores y por qué se eligió cada vía judicial. También debe explicarse si hubo un trato diferenciado entre quienes intervinieron en los hechos. La soberanía no puede convertirse en escudo para unos y en sentencia anticipada para otros.
En México, la justicia pierde credibilidad cuando la sociedad empieza a preguntarse si los procesos penales obedecen a la ley o al calendario político. No basta con detener a un exfiscal para acreditar que se defendió a la patria. Tampoco basta con invocar un pacto para darlo por existente.
Lo que sí puede exigirse es que nadie utilice la bandera nacional para ocultar responsabilidades, proteger aliados o eliminar adversarios. Si César Jáuregui cometió un delito, que lo demuestren los tribunales. Si hubo otros responsables, que se les investigue. Y si detrás de la captura existe una negociación política, corresponde al periodismo y a las instituciones encontrar las pruebas.
La patria es demasiado importante para convertirla en coartada. Y la justicia, demasiado necesaria para que termine pareciéndose a una operación de temporada electoral.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
