La ONU acusa a Donald Trump de violar el derecho internacional con orden sobre Cuba
La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que habilita la imposición de aranceles a las importaciones de petróleo destinadas a Cuba ha generado cuestionamientos en el ámbito internacional. Especialistas en derechos humanos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostienen que la medida contraviene normas fundamentales del derecho internacional.
Señalamientos sobre la legalidad de la medida contra Cuba
De acuerdo con los expertos, la disposición estadounidense configura un “bloqueo de combustible” que vulnera principios esenciales del orden jurídico internacional. Advirtieron que la decisión representa una amenaza para un sistema global basado en reglas, al tratarse de una acción unilateral sin respaldo multilateral.
Los especialistas señalaron que la iniciativa busca incrementar la presión económica sobre La Habana al intentar forzar a terceros países a modificar relaciones comerciales legítimas bajo la advertencia de posibles sanciones.
Cuestionamientos a los argumentos de seguridad
En su pronunciamiento, los expertos pusieron en duda los fundamentos esgrimidos por Washington. Consideraron que las afirmaciones sobre una supuesta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos o sobre presuntos vínculos de Cuba con grupos terroristas carecen de sustento sólido y responderían, más bien, a la intención de justificar el endurecimiento de las restricciones.
Falta de aval del Consejo de Seguridad
Otro de los puntos subrayados es la ausencia de autorización por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, órgano competente en materia de seguridad colectiva. Sin ese respaldo, indicaron, la orden ejecutiva no tendría base jurídica en el marco del sistema internacional y sería incompatible con las normas vigentes.
Impacto humanitario y llamado a la diplomacia
Los expertos también manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias humanitarias derivadas de la limitación en el suministro de combustible a la isla, lo que podría afectar servicios esenciales y a la población en general.
Finalmente, instaron a los Estados a no reconocer ni aplicar medidas coercitivas unilaterales que debiliten el derecho internacional. Asimismo, exhortaron a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos para salvaguardar principios como la cooperación internacional, la igualdad soberana, la no intervención y la solución pacífica de controversias.
