Juez dicta prisión preventiva a Ernesto Ruffo por presunta red de huachicol fiscal
Un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como uno de los presuntos líderes de una red dedicada al denominado huachicol fiscal, esquema que habría ocasionado un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos al erario.
De acuerdo con la investigación, la organización simulaba la importación de menores cantidades de combustible o declaraba productos distintos a los realmente transportados para evadir el pago de impuestos, principalmente IEPS e IVA.
Audiencia se prolongó por más de un día
La audiencia inicial comenzó el viernes 17 de julio y concluyó durante la madrugada del domingo, luego de varios recesos ocasionados por problemas técnicos y por la solicitud de la defensa de contar con el expediente completo.
El procedimiento se desarrolló mediante videoconferencia. Ruffo Appel permaneció bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), desde donde se enlazó con el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.
Al término de la diligencia, el exmandatario fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial.
Defensa obtiene ampliación del plazo constitucional
Los abogados del exgobernador solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez amplió de 72 a 144 horas el plazo para determinar si Ruffo Appel será vinculado a proceso.
La resolución quedó pendiente para la reanudación de la audiencia, mientras continúa vigente la medida cautelar de prisión preventiva.
FGR señala presunto esquema de importaciones irregulares
Según la FGR, la red operaba mediante la empresa Ingemar, fundada por Ruffo Appel. La investigación sostiene que la compañía reportaba ante las autoridades aduaneras aproximadamente 10 mil litros de combustible por cada carro tanque, cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros.
Además, presuntamente registraba los cargamentos bajo denominaciones distintas para ocultar que se trataba de hidrocarburos. El combustible era adquirido en refinerías de Texas y posteriormente distribuido en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas.
Millonarias operaciones bajo investigación
Las indagatorias identificaron 162 carros tanque involucrados y 4 mil 238 operaciones de importación presuntamente irregulares realizadas entre enero y julio de 2025.
La Fiscalía calcula que únicamente en una parte de los embarques se evadieron más de 106 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA, mientras que el daño total estimado a la hacienda pública supera los 4 mil millones de pesos.
Asimismo, las autoridades detectaron movimientos financieros superiores a 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, presuntamente realizadas a través de un esquema de cuentas puente y transferencias hacia empresas en el extranjero.
Detención y otros imputados
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Posteriormente fue trasladado a instalaciones de la FGR en Tijuana y, más tarde, a la Ciudad de México.
En el mismo proceso comparecieron otros siete imputados, entre ellos exdirectivos y accionistas de empresas relacionadas con la investigación, así como un agente aduanal y su auxiliar. Se trata de: Ricardo Thompson Navarro, exvocal de Ingemar; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores de Internacional de Fundentes; Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo, y el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez con su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez.
Dos de los acusados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que otra de las imputadas, Adriana Magali Bárcenas Guillén, fue internada en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
Amparo y órdenes de captura pendientes
La defensa del exgobernador promovió un juicio de amparo en el que denunció presunta privación ilegal de la libertad, incomunicación y posibles actos de maltrato durante su detención. Paralelamente, familiares del exmandatario manifestaron preocupación por la falta de información oficial durante los primeros días del caso.
La FGR informó que obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización. Hasta el momento han sido detenidas ocho personas, mientras que continúan pendientes de cumplimentarse otras 17 órdenes de captura.
