Jueces federales condenan uso de la fuerza y denuncian irregularidades en pago de indemnizaciones
La JUFED advierte que el Órgano de Administración Judicial estaría aplicando criterios contrarios a la ley y generando vulnerabilidad económica a jueces en retiro
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) condenó enérgicamente el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad contra personas juzgadoras que se manifestaban pacíficamente frente a la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
De acuerdo con el pronunciamiento de la asociación, los jueces y magistrados en retiro protestaban legítimamente ante el retraso en el pago de las indemnizaciones derivadas de la reciente reforma constitucional que llevó a la separación forzada de un número considerable de integrantes del Poder Judicial.
JUFED calificó como “contradictorio” que mientras el OAJ hace un llamado público al diálogo, al mismo tiempo recurra al uso de la fuerza pública para reprimir una manifestación que calificaron como “legítima y pacífica”.
Denuncian pagos incompletos y cálculos contrarios a la ley
La asociación también expresó su preocupación por la falta de pago íntegro y oportuno de las indemnizaciones, así como por versiones que señalan que el OAJ estaría aplicando una metodología de cálculo “contraria a los derechos” de los jueces y magistrados afectados.
“Como organización nacional, hemos recibido reportes sobre una metodología de cálculo que no se ajustaría a los parámetros derivados de la propia reforma y de la normatividad aplicable”, señaló el comunicado.
De igual forma, la JUFED alertó sobre las condiciones en que se están entregando los recursos, pues muchas de las personas juzgadoras residen fuera de la Ciudad de México y se han visto obligadas a trasladarse, exponiéndose a riesgos logísticos, patrimoniales y de seguridad innecesarios.
Reclamo por el respeto a los derechos adquiridos
La asociación recordó que la integridad de las indemnizaciones no constituye un privilegio, sino una obligación jurídica derivada de la reforma, por lo que cualquier intento de recortar, dilatar o condicionar los pagos representa una violación al Estado de derecho y podría entorpecer el cumplimiento del proceso legal.
“La integridad de las indemnizaciones no es un beneficio discrecional, sino una obligación jurídica. Cualquier intento de recortarlas o retrasarlas pone en riesgo la continuidad del proceso”, advirtió la JUFED.
Llamado a frenar la violencia institucional
Finalmente, la directiva nacional de la JUFED sostuvo que la organización ha mantenido su disposición al diálogo y ofrecido su colaboración técnica para garantizar que los pagos se realicen “conforme a derecho, en tiempo, forma y con plena transparencia”.
No obstante, lamentó que el uso de la fuerza contra jueces y magistrados en retiro envíe una señal preocupante sobre el trato institucional hacia quienes han dedicado su vida al servicio judicial.
“El acto de violencia institucional cometido hoy contra las personas juzgadoras manda una señal en sentido contrario al diálogo y debe ser condenado por la sociedad”, concluye el pronunciamiento.
