Violencia en México
A un año de que entregue la Presidencia de México, ya se puede decir que con Andrés Manuel López Obrador se cumplen tres sexenios de violencia imparable en México y que, si todo se agravó con los períodos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el peor ha sido el de la Cuarta Transformación. Este 2023 se proyecta como el más sangriento, aunque el presidente tenga otros datos.
El Observatorio Nacional Ciudadano informó que el primer semestre de 2023 ha sido testigo de una escalada preocupante en la violencia y delincuencia en México. Los datos revelan una dolorosa realidad: El país registra tasas alarmantes en homicidios, lesiones, secuestros; abuso sexual, violencia familiar, narcomenudeo y trata de personas. Igual sucede con el delito de extorsión, las ejecuciones extrajudiciales, secuestros masivos, hallazgos de fosas clandestinas…
Continúa el informe: El presidente López afirma que, en materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia con el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido…”. Sin embargo, para los observadores es evidente que la estrategia actual no está logrando frenar la escala delictiva.
El ONC es una organización de la sociedad civil cuya información no es aceptada por el gobierno de López Obrador. Su presidente es Francisco Rivas, economista y sicólogo. Entre las filas morenistas lo califican de “reaccionario” y de estar al servicio de la oligarquía. El también académico parece dar la razón a estos señalamientos al sostener que “mientras el país arde en llamas de violencia, el presidente (López Obrador) toca la lira celebrando logros que sólo están en su cabeza; ya basta de hablar al pasado, esta administración no tuvo un programa de seguridad y de no hacerlo ese será el legado que dejará”.
Pero hay otras voces. Keyla Vargas, maestra en Derecho Penal y Justicia Internacional por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Delito y la Justicia, recuerda un nutrido debate que provocó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 compartido por AMLO al inicio de su gobierno justo cuando se cumplían 12 años desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ”En ambos casos, la apuesta por un combate frontal contra los grupos criminales partía del supuesto de que se reduciría la violencia a medida que estos se debilitaran”.
En su análisis “Delincuencia organizada en México. Entre la construcción de paz y la transformación del conflicto” –publicado en Pluralidad y Consenso número 53 del Instituto Belisario Domínguez que pertenece al Senado de la República, la académica sostiene que en ese entonces los ponentes fueron claros al señalar que el plan del Peje respondía a un estado de emergencia nacional.
Es decir –según el Colegio de México–, una situación en la cual la seguridad de la población y la propia gobernabilidad del Estado se encuentra comprometida, por el poder que ostentan los grupos armados (en este caso, criminales) para dominar territorios, y por la incapacidad de las fuerzas civiles de seguridad (policía estatal y municipal) para contenerlos y contrarrestar el aumento de las violencias en los territorios donde operan.
Lo novedoso del modelo de López Obrador era su naturaleza de fortalecer las instituciones de seguridad pública federales como el Ejército y la Guardia Nacional e incorporar mecanismos de construcción de paz, como las amnistías, especial atención a reducir la pobreza y la marginalidad a través de programas sociales, al igual que combatir a toda la corrupción en todos los niveles de gobierno.
¿Y qué pasó a cinco años de distancia? Pues que, simplemente, fracasó.
De acuerdo con Huma Rights Wath, “desde 2007 los sucesivos presidentes han movilizado a las fuerzas militares dentro del país para combatir al crimen organizado y llevar a cabo tareas de seguridad pública. Soldados, policías y agentes del Ministerio Público han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada, que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con impunidad casi absoluta. Las iniciativas orientadas a reformar a la policía y las fiscalías han sido ineficaces. El Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la Policía Federal en 2019. Transfirió las funciones policiales a la Secretaría de la Defensa en 2022.
Pero miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 105,000 se consideraban al mes de septiembre. La mayoría después de 2006. “México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos. El presidente López Obrador ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos en la implementación de políticas abusivas con el fin de prevenir que los migrantes viajen a través del país”.
El documento de HRW –basado en el organismo oficial de estadísticas mexicano– asegura que los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador y que cerca del 90 % nunca se denuncian, una tercera parte jamás se investiga y cerca del 16 % de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implicó que las autoridades solucionaran solo el 1% de todos los delitos cometidos en 2021.
Otro texto, del diario digital Punto por Punto, hace referencia de que en un año Andrés Manuel López Obrador entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones del 2 de junio. Su sucesor asumirá el cargo dos meses antes a causa de una reforma electoral de 2014 con el fin de que el presidente entrante tenga mayor control de su primera Ley de Ingresos y Proyectos de Presupuesto de Egresos.
Cuenta el diario digital que de manera abierta el presidente ha anticipado que al concluir su administración se retirará de la vida política, trasladará su residencia a Palenque, Chiapas, cerrará sus redes sociales y no volverá a participar en ninguna actividad política. Pero antes de su retiro, y con el ofrecimiento de trabajar unas 16 horas diarias, el político tabasqueño tendrá que cumplir varias promesas que aún están pendientes, porque está obligado a concretar los 100 compromisos que hizo en el Zócalo el día de su toma de posesión.
“Antes de asumir como presidente, la meta del gobierno de López Obrador era ambiciosa: reducir 50% los homicidios en tres años. Sin embargo, el sexenio se ha convertido en el más violento de la historia de México al superar las muertes violentas ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto”.
Punto por Punto compara las muertes en el mismo periodo en otros sexenios. El actual gobierno encabeza el registro de dicho delito con 167 mil 529 incidentes, superior al de la administración pasada, con Enrique Peña Nieto, que fue de 116 mil 571. Con Felipe Calderón, 92 mil 288 asesinatos.
En este escenario violento, hay que incluir que el INEGI acaba de reportar que 14 de las 32 secretarías de seguridad pública en los estados están encabezadas por altos a mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). La cifra significa un 43.75 % del total.
Bernardo León Olea, experto en temas de seguridad, dijo a la fuente citada que “hay una confianza ciega en los miliares, sobre todo en los gobiernos emanados de Morena, que hacen lo que López Obrador les indique, salvo en loa casos de la Ciudad de México, el Estado de México y Campeche”-
David Saucedo, otro especialista, sostiene que “esto no es una casualidad. Fue una operación política del Gobierno Federal para militarizar las secretarías de seguridad pública estatales, con el objeto de que hubiera una comunicación y una subordinación al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional”.
Sí, muchos militares dedicados a proteger la seguridad de la población. No obstante, en la realidad se les ve en los videos y en la televisión sumisos ante la delincuencia e incapaces de actuar debido a la política de “abrazos, no balazos”. Sin importar que los elementos sean desarmados y humillados por quienes delinquen en el país. Así se les ha observado en cientos de ocasiones, armados, pero indefensos.
A pesar de que en entidades como Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Colima, Oaxaca y Quintana Roo, entre otros, los asesinatos en general, los feminicidios y todo tipo de delitos vayan al alza. Ensañándose con los jóvenes, las mujeres, los infantes y poblaciones enteras, por ejemplo, de Chiapas, donde la población, de Comalapa y La Trinitaria aplaudió el 23 de septiembre la llegada de un impresionante convoy de vehículos con hombres fuertemente armados del Cartel de Sinaloa (CDS) que se disputan el control de la frontera con Guatemala con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que mantenía bloqueadas impidiendo la entrada de alimentos a esas poblaciones del sureste de la entidad. Lo mismo se ha visto en tiempos distintos en otros estados de la República.
No obstante, más sorprendente resulta lo que asegura Aldo Fasci Zauzua, exsecretario de Seguridad del estado de Nuevo León, en su libro “Todos somos el Asesino”, donde establece que las empresas mexicanas también contribuyen con inseguridad al pagarles poco a sus empleados y así orillarlos a trabajar donde tienen más ingresos. Se calcula, en otro estudio, que el narcotráfico da empleo a más de 150 mil.
No es todo, en entrevista con Luis Padua, el autor resalta que miles de indocumentados de Centro y Sudamérica reciben ayuda del crimen organizado para pasar a Estados Unidos, convirtiéndose así en la agencia de colocaciones más próspera a nivel internacional.
La investigación será presentada en la Feria Internacional del Libro en Monterrey.
