29 mil millones de pesos fuera de la ley identificados por la ASF

El 20 de febrero se publicaron los resultados de la revisión de cómo se gastó el presupuesto federal durante 2022, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con esta última de tres entregas deinformes, sabemos que la ASF identificó 32,894 millones de pesos(mdp) que fueron utilizados de manera irregular durante todo el año, de los cuales 29,765 millones, el 90%, siguen sin ser aclarados ni recuperados.

Esta última cifra de dinero desviado, extraviado o usado fuera de la ley durante un solo año es tan grande que, como punto de referencia, equivale a 45 veces el tope de gastos máximo que puede utilizar una candidata a la presidencia de México durante su campaña electoral (que es de 660 millones de pesos). También equivale a 152 veces el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera o a 10 veces el presupuesto de toda la ASF. Sería un ritmo de 3.4 millones de pesos usados fuera de ley cada hora.

Si se agregan los montos de irregularidades detectadas por la ASF que no han sido recuperados ni aclarados desde que inició el sexenio, en total durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay 242,064 millones de pesos de los que no tenemos pistas sobre su paradero o que terminaron en lugares prohibidos por la ley. Esto sin contar los hallazgos que haya en el gasto de 2023 —que se está revisando en estos momentos— y los que resulten de 2024, los cuales tendremos hasta 2026.

En conjunto, con estos poco más de 242 mil millones de pesos se podrían multiplicar por 5 los montos de todas las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez o financiar el costo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por 220 años. Pero, en su lugar, ese dinero se usó de manera inadecuada e ilegal.

Cada peso y cada centavo de irregularidades detectadas por la ASF se desprende de alguna de las 2,153 auditorías individuales con que revisaron una parte del gasto (es importante destacar que no se revisa todo el presupuesto, sino solo una muestra representativa). Para tratar de facilitar la comprensión de esta gran cantidad de información, a continuación, analizaremos los principales resultados para mostrar un panorama general de quiénes son los principales responsables de estas irregularidades y algunos de los problemas más destacados.

La fiscalización de la Cuenta Pública de 2022

Durante 2022 se realizaron 2,153 auditorías por parte de la ASF, de las cuales derivaron distintas acciones para las instituciones fiscalizadas como, por ejemplo, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias de hechos, entre otras. Una de las acciones que las auditorías tienen como resultado es un pliego de observaciones, en el que la revisión de los documentos, cuentas bancarias, obras o servicios permite encontrar problemas que se definen como “probable daño a la Hacienda Pública Federal”, es decir, casos en que el dinero de las y los mexicanos se ha perdido o desperdiciado por culpa de un mal manejo de las autoridades.

Después de las auditorías se abre un proceso, que llega hasta octubre, en que las autoridades fiscalizadas pueden aclarar, si tienen manera de probarlo, que el dinero sí se usó de manera legal o, en caso de no poder hacerlo, devolverlo para subsanar el daño. En lo que respecta a los últimos hallazgos de la ASF, únicamente 3,129 mdp de los más de 31 mil millones han sido aclarados o recuperados, lo que implica que 90% del dinero usado irregularmente sigue impune.

Esta cifra de impunidad —entendida como las irregularidades del dinero federal que nunca se aclararon o en las que el dinero simplemente desapareció— es un buen termómetro para saber qué tanto un gobierno ha pasado de un año a otro sin rendir cuentas del dinero público usado en el pasado. En el caso del sexenio de Enrique Peña Nieto, los 498 mil millones de pesos de dinero en esta situación implican que 64% de las irregularidades quedaron impunes. La información que hay hasta el momento de la administración de López Obrador (242 mil millones) implica que en cuatro años se ha acumulado un 76% de impunidad. El dinero pendiente de cada uno de los 4 años de los que tenemos información de este sexenio equivale a una impunidad de 64%, 85%, 76% y 90% para 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Un análisis posterior deberá hacer un balance de toda la administración obradorista.

El gasto federalizado

Al revisar a detalle cómo se dividieron los 29 mil millones de pesos de todo el año 2022, encontramos que el gasto federalizado es el mayor responsable de los problemas, con 77% de las irregularidades pendientes. El gasto federalizado es el dinero que el Gobierno Federal entrega a los gobiernos de los estados y municipios, y también gasta con ellos, para cumplir con funciones que realizan de manera conjunta; por ejemplo, para cuestiones de seguridad, educación o salud. Esto implica un doble grado de responsabilidad, tanto del gobierno federal, como de las autoridades locales. Por ello, es importante saber cuántas irregularidades de esta categoría hay en cada una de las entidades federativas.

Como se observa en la siguiente tabla, las entidades federativas con mayor monto total por aclarar las encabezan Durango en el primer lugar con 3,972 millones de pesos, Baja California Sur con 2,345 millones y el Estado de México con 1,436 millones de pesos. Michoacán e Hidalgo completan el top 5. En total, son casi 22 mil millones de pesos de irregularidades pendientes las que se distribuyen entre los estados.

Gasto Federalizado total por Entidad Federativa 2022 en millones de pesos

Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, 2022

De los cinco estados con mayor monto por aclarar y recuperar, tres de ellos —Baja California Sur, Michoacán e Hidalgo— estaban gobernados por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2022 y dos —Durango y Estado de México— por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al analizar los partidos que gobernaban en cada entidad federativa encontramos que los gobiernos morenistas, en conjunto, sumaron más de 10,700 millones de pesos en irregularidades, equivalente a 49% del total. Si se suman las irregularidades de los aliados de Morena, Encuentro Social en Morelos y Partido Verde en San Luis Potosí, en total estas entidades suman 11,832 millones de irregularidades, 54% del total.

Los estados con gobierno priista acumularon 7,192 millones de pesos por aclarar y los estados donde gobernaba el Partido de Acción Nacional tuvieron irregularidades por más de 1,600 millones de pesos.

Irregularidades de la ASF detectadas en los estados por partido político en el gobierno

Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, 2022.
Nota: Los montos de la tabla incluyen lo pendiente por aclarar de los gobiernos estatales y locales. No incluye gasto federalizado no asignado a entidades federativas.

Cuando al presidente se le ha preguntado sobre los hallazgos de la ASF, una de las respuestas más llamativas es que ha dicho que las irregularidades detectadas “no son actos de corrupción, así de categórico”, aunque a la vez ha seleccionado casos pequeños, pero de impacto para su agenda, para equipararlos con corrupción, como los 1.5 millones de pesos de irregularidades en el INAI. Igualmente, al tratarse de hallazgos de las entidades, se ha tratado de minimizar la responsabilidad del gobierno federal. Para romper con este falso debate, es necesario poner en dimensión algunos de los hallazgos por categoría y saber qué se encontró, pues en las auditorías sí hay documentados múltiples actos de corrupción. Basta recordar que La Estafa Maestra o los desvíos de Segalmex están en los expedientes de la ASF.

Por ejemplo, una de las auditorías que más destaca dentro de la categoría de gasto federalizado es la auditoría de cumplimiento 143, en la que se identificó que el Instituto de Salud para el Bienestar gastó al menos 651 millones de pesos en medicamentos y material de curación para los que no hay ninguna evidencia de que entraron a las bodegas del INSABI. Tampoco hay registro alguno de que hayan llegado a las entidades que estaban destinados, concentrándose la mayor parte de estos “medicamentos fantasma” en el Estado de México, Michoacán, Puebla y Tabasco. Hoy el INSABI ya ha desaparecido, lo cual implica que estos millones de pesos probablemente quedarán en la mayor impunidad, pues los responsables ya ocupan otros cargos.

Igualmente, la Auditoría de Cumplimiento 1059 identificó al menos 1,178 millones de pesos en el estado de Hidalgo donde decenas de contratos para comprar medicamentos, equipo médico y de laboratorio, libros de texto o vehículos del gobierno se pagaron sin que hubiera ningún tipo de evidencia de lo que se adquirió. El entonces gobernador de ese estado por el PRI, Omar Fayad, hoy es parte del gobierno de MORENA como embajador de México en Noruega.

La revisión pormenorizada de los cientos de casos que componen la categoría de gasto federalizado supera los límites de este primer análisis general, pero los ejemplos y grandes categorías nos dan una muestra de las dimensiones, implicaciones y ubicaciones de los principales problemas identificados.

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El Gobierno Federal

Después del gasto federalizado, la segunda mitad de los hallazgos corresponden a las irregularidades detectadas exclusivamente dentro del Gobierno Federal, en donde la ASF divide al gobierno en tres grandes categorías que dependen de la función que realizan las dependencias: desarrollo económico, desarrollo social y gobierno. En conjunto, en esta entrega estas tres categorías suman 6,848 millones de pesos que no han sido aclarados ni recuperados.

Como una aproximación a lo que significa este monto, ese dinero equivale a 5 veces todo el presupuesto dedicado por la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos de delincuencia organizada o a 7 veces el gasto de toda la Oficina de Presidencia de la República.

Los hallazgos de esta categoría se dividen de la siguiente manera:

El rubro con mayor monto de irregularidades es el de “Desarrollo económico”, con 3,656.9 millones de pesos con irregularidades por aclarar. Esta categoría se desglosa en 3 sectores que concentran la mayoría de anomalías en el uso de nuestro dinero. El primer lugar lo tienen las empresas productivas del estado, PEMEX y CFE, que representan casi el 45% del monto con anomalías de este rubro, 1,679 mdp. Seguido de ellas se encuentra el sector enfocado a Trabajo y Previsión Social con 785.2 mdp y en tercer lugar se encuentra la secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con 583 mdp por aclarar. Estos tres sectores acumulan el 83% de las irregularidades para el desarrollo económico. Lo que quiere decir que 8 de cada 10 pesos hallados con una acción u observación por parte de la ASF en este rubro se encontraron en alguno de estos tres sectores.

La segunda categoría con más irregularidades del gobierno federal es la relacionada con el “Desarrollo social”, la política de bienestar para la población, con 2,705 millones de pesos de irregularidades. Este rubro es uno de los que más claras afectaciones tienen a las personas ya que las principales irregularidades fueron encontradas en los sectores de Aportaciones a seguridad social, en educación pública y en Bienestar con 533, 516 y 418 millones, respectivamente. En este caso, las irregularidades se concentran en programas sociales en los que hay graves problemas de transparencia, problemas con apoyos entregados a personas que no debían o para las que no hay registro alguno más allá de la entrega de dinero, así como dinero que se gastó, pero simplemente no se sabe ni cómo ni dónde quedó.

Por ejemplo, la Auditoría de Cumplimiento 247 identificó cómo 327 millones de pesos del programa de Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, que debían ser entregados a víctimas de desastres como el huracán Agatha en Oaxaca, se gastaron sin que el gobierno tuviera ningún registro de a quién o cómo se entregaron. Igualmente, la Secretaría de Bienestar supuestamente adquirió alimentos con Diconsa, aunque los mismos jamás se registraron en los almacenes y tampoco hay ninguna evidencia de que se entregaron a las personas que los necesitaban.

El último rubro de esta sección es el gasto para “Gobierno”, en donde hay 511 millones de pesos en irregularidades. Entre los sectores que concentran la mayoría de los problemas están la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 258 mdp, Gobernación con 87.8 mdp y Hacienda y Crédito Público con 82 mdp.

CONCLUSIONES

Esta aproximación a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación pretende ser una hoja de ruta para que investigadores, periodistas, analistas y la ciudadanía en general conozcan dónde se encuentran los mayores problemas que han sido documentados y acreditados por una institución del propio gobierno. Aquí no se encuentran todos los escándalos de corrupción del sexenio ya que, como se ha dicho, la ASF no revisa todo el presupuesto, sino solo una parte de él. A pesar de ello, resulta fundamental seguir los trabajos de la ASF, pues aún cuando sus hallazgos hoy son de menores dimensiones que en el pasado, siguen mostrándonos múltiples esquemas de desvío de recursos, áreas de oportunidad y problemas en los mecanismos de control del gasto público que siguen generando pérdidas millonarias cada minuto que pasa.

Un gobierno que combate la corrupción no debe minimizar ni pasar por alto estas irregularidades, hacerlo implicaría que miles de funcionarios y personas que han sido identificados como probables responsables de usar mal nuestro dinero puedan continuar libres de responsabilidades, sin rendir cuentas ante nadie. La cifra del último año muestra que aún hay 90% de impunidad en los hallazgos de 2022, si la corrupción realmente ya se terminó, esa cifra debería de ser cero por ciento. Estamos muy lejos de ello.