Guatemala celebra elecciones generales
La novena legislatura del Congreso ha estado encabezada por el partido oficial Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), sus operaciones políticas en conjunto a otros partidos les ha llevado a recibir el seudónimo de “alianza oficialista”.
Se trata de un conjunto de bancadas de distintos partidos políticos que respaldan al oficialismo, y que durante la actual legislatura han demostrado su poder con la aprobación de leyes en cuestión de horas.
Subsidios, ampliaciones presupuestarias y préstamos son algunas de esas iniciativas que han pasado de forma fugaz dentro del hemiciclo para convertirse en leyes.
Pero analistas destacan que esa maquinaria política no ha servido para alcanzar el bien común, por el contrario, detectan una serie de intereses particulares que han venido opacando la imagen que se tiene sobre el Congreso y sus diputados.
Con las elecciones generales de este 25 de junio, los guatemaltecos tendrán la oportunidad de renovar el congreso, o, por el contrario, reafirmar y hasta consolidar la alianza política dominante que predomina en el Organismo Legislativo.
Las fuentes consultadas destacan algo primordial para la siguiente generación de diputados, es decir la décima legislatura, será afinar una agenda legislativa de país.
Esto significaría integrar propuestas tanto oficialistas como de oposición, toda vez tengan de fondo el beneficio social de la población que debería de estar representada ante el parlamento.
La siguiente legislatura contará con 160 diputados y un número no definido de bancadas ya que 28 partidos políticos compiten por escaños en el Legislativo y tan solo quedaron fuera los partidos políticos Prosperidad Ciudadana y Poder, por recibir resoluciones judiciales en contra.
Esos futuros diputados tendrán, a criterio de expertos en política , al menos, cinco grandes retos para el periodo 2024 – 2028.
Elección de Cortes
Posiblemente, la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelación sea uno de los temas más sonados dentro del Congreso, ya que un fallo judicial rompió las normas constitucionales sobre la alternabilidad de funcionarios judiciales dentro del Organismo Judicial.
Esta tarea quedó pendiente desde la octava legislatura, pero los actuales diputados pese a que han venido programado el tema, no se ha visto voluntad política para hacer este cambio.
Así lo demostró una evaluación realizada por Congreso Eficiente, quien ha visto este tema como uno de los grandes pendientes dentro de la política guatemalteca.
Para María del Carmen Aceña, integrante de Congreso Eficiente y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), se debe de mejorar la forma de elegir Cortes, quizá hasta con reformas a las postuladoras.
“El diseño de las Comisiones de Postulación, cómo transparentarlos y lograr que elijan a las Cortes”, reafirmó Aceña, haciendo alusión a que debe de mejorar la forma de selección de las autoridades judiciales.
Reformas a la Lepp
El actual evento de elecciones generales dejó al descubierto que se necesitan reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), apunta Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo.
El experto señala que actualmente la función legislativa no es la de un sistema de freno y contrapeso al Organismo Legislativo, por el contrario, parecen ir de la mano con la toma de decisiones.
Durante su primer año la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó reformas a la Lepp, pero fue tan solo unos meses antes a la convocatoria a elecciones que se presentó un dictamen a favor.
La gran apuesta de ese dictamen era la elección de diputados por listados abiertos, es decir, votar por cada candidato y no por una lista, pero ese dictamen ni siquiera se programó para su primera lectura.
“Entre los retos del próximo Congreso será ser un freno y un contrapeso que permita controlar el poder, ya sea del Ejecutivo o de otro organismo. Ese es uno de los principales retos”, apuntó Valverth.
Una tarea pendiente según Roberto Alejos, expresidente del Congreso y exconstituyente, es que los diputados impulsen una reforma profunda al sector justicia.
Esto incluye modificaciones a la Ley de Comisiones de Postulación, en donde se eligen autoridades de segundo grado, como por ejemplo Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas (CGC), magistrados de la CSJ, por citar a algunos.
Instancias encargadas de un rol investigador, fiscalizador y de la administración de la justicia, que a decir de Alejos necesitan fortalecerse y esos cambios pueden y deberían salir de un buen Congreso de la República.
“Las reformas al sector justicia que quedaron pendientes, y por supuesto regresar a lo que dejamos nosotros (los constituyentes)”, explicó Alejos.
Actualmente, dentro del legislativo existe la Comisión de Reformas al Sector Justicia, en ella descansan iniciativas de ley que son relativas al funcionamiento del OJ, pero en la novena legislatura, la comisión, ha pasado prácticamente inadvertida.
Reformas a la ley de amparos
Expertos han identificado que en el actual proceso de elecciones ha existido una dinámica de judicialización, con la presentación de cientos de recursos legales que finalizan con acciones de amparo ante la CSJ y la misma Corte de Constitucionalidad (CC).
“Tiene que tener reformas, se nos fue de las manos cuando dijimos que no había ámbito ajeno al amparo, esto no puede continuar; por ejemplo las decisiones del TSE pasan por todas las Cortes y ya no es supremo”, señaló Alejos.
En el actual evento de votaciones hubo casi un centenar de amparos que frenaron por algunos días la impresión de papeletas, ya que la cantidad de impugnaciones mantenía en incertidumbre sobre quién debía y quien no aparecer en las papeletas.
“Las leyes debieran de revisarse para eliminar aquellas que ya no funcionan, pero también hacer un archivo de todas las leyes que hay en el país. En los últimos años, hemos visto que dicen que determinada ley modifica todas las relacionadas con el tema, pero no nos citan cuáles son”, apuntó Aceña, en referencia a que hay normativas que requieren incluso una actualización.
Reformas a la ley de servicio civil
Aunque el tema no perfile en las grandes discusiones públicas, a consideración de Alejos, se necesita reformar dicha ley para evitar una serie de actos de corrupción que ocurren desde la administración pública.
“Una nueva ley de servicio civil porque de lo contrario no vamos a parar con las plazas fantasmas, con los contratos elevadísimos y un sistema donde los que están presupuestados ganan mal y se jubilan mal”, señaló.
Incluso hoy en día, señaló Aceña, para poner orden del Congreso y avanzar en temas de nación se pueden apoyar de recursos tecnológicos, “con la era de la digitalización y la inteligencia artificial, la tecnología y la ciencia, es la forma como tenemos que salir adelante”.
En el 2015, varios diputados del Congreso de la República fueron objeto de antejuicios que posteriormente terminaron con su inmunidad y concluyeron con órdenes de captura y procesos penales, por su vinculación en actos de corrupción por una serie de plazas fantasma dentro del Congreso.
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Los presidentes
El 14 de enero de 2020, el partido oficial se enfrentó contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para hacerse con la presidencia de la Junta Directiva del Congreso. Esa batalla la ganó el oficialismo.
Orlando Blanco encabezaba la planilla de oposición, pero la contrapropuesta liderada por Allan Rodríguez, diputado electo por el distrito de Sololá consiguió la victoria, gracias al apoyo de algunos diputados de la misma UNE, a quienes Blanco y el resto de los uneistas tachó de traidores.
En el 2021 nuevamente Allan Rodríguez consiguió la presidencia del Congreso por segundo año consecutivo, pese a tener sobre los hombros la polémica aprobación del presupuesto del 2021.
En aquella ocasión los diputados afines a la alianza oficialista aprobaron de urgencia nacional y en plena madrugada el presupuesto requerido por el presidente Alejandro Giammattei, lo que generó una serie de protestas sociales.
La dinámica parlamentaria de aquella época generó críticas contra el diputado Rodríguez, por lo que los oficialistas optaron en el 2022 por encabezar su planilla con la también oficialista, Shirley Rivera.
La maquinaria oficial volvió a conseguir la presidencia de la Junta Directiva del Legislativo, y una de las iniciativas que generó mayor polémica fue la aprobación de la Ley para la Protección de la Vida y la Famila.
Dicha ley generó manifestaciones sociales y críticas de diversos sectores que consideraban la normativa peligrosa para las familias no tradicionales, compuestas por padre, madre e hijos, pero principalmente porque podía llegar a criminalizar a las mujeres por sufrir un aborto natural por problemas de salud.
El oficialismo se hizo con la Presidencia en el último año de la legislatura, nuevamente bajo el liderazgo de Rivera, quien comandará el parlamento hasta el 14 de enero de 2024, cuando finalice el periodo de la novena legislatura.
Una buena unidad
Aunque ahora la alianza oficialista domina el Congreso, los analistas reiteran que si se requiere una unidad política, pero una que no busque tan solo beneficios personales o sectoriales.
“Es importante que todos los organismos del Estado trabajen de manera conjunta, pero transparente, con una auténtica visión de país que todos compartamos, con beneficios para todos y no solo para los políticos”, concluyó Aceña.
Junto a esta unidad de nación, para Valverth es primordial “también impulsar una agenda que este comprometida con los Derechos Humanos”, que permita, según el entrevistado, evitar una serie de abusos.
El Congreso de la República está integrado por 160 diputados, 32 electos por el listado nacional cuya papeleta es de color verde; mientras que la papeleta celeste es para la elección de los 128 diputados que representaran a los siguientes distritos:
Distrito central: 11 diputados
Distrito de Guatemala: 19 diputados
Sacatepéquez: 3 diputados
Chimaltenango: 5 diputado
El Progreso: 2 diputados
Escuintla: 6 diputados
Santa Rosa: 3 diputados
Sololá: 3 diputados
Totonicapán: 4 diputados
Quetzaltenango: 7 diputados
Suchitepéquez: 5 diputados
Retalhuleu: 3 diputados
San Marcos: 9 diputados
Huehuetenango: 10 diputados
Quiché: 8 diputados
Baja Verapaz: 2 diputados
Alta Verapaz: 9 diputados
Petén: 4 diputados
Izabal: 3 diputados
Zacapa: 2 diputados
Chiquimula: 3 diputados
Jalapa: 3 diputados
Jutiapa: 4 diputados
